
Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual aumentaron 9% en Panamá durante los primeros diez meses de 2026, al pasar de 5,258 casos en el mismo período de 2025 a 5,726 este año.
Las estadísticas del Ministerio Público revelan que el acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 17 años registró uno de los mayores incrementos, con 2,193 denuncias, frente a las 1,790 contabilizadas anteriormente.
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El informe de la Procuraduría General de la Nación muestra que esta categoría aumentó 23% y concentra el mayor número de denuncias, por encima de las 1,870 correspondientes al delito de violación.
Los registros por acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años representan aproximadamente el 38% del total de delitos sexuales denunciados, de acuerdo con las cifras preliminares del Sistema Penal Acusatorio.

Las denuncias por violación, en cambio, disminuyeron 3.8%, al pasar de 1,943 a 1,870 casos, mientras que la violación doblemente agravada registró una reducción del 7%, con 214 denuncias frente a 230 del año anterior.
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No obstante, ambas modalidades acumularon 2,084 registros, lo que equivale a un promedio cercano a siete denuncias diarias durante el período analizado.
Otra categoría que experimentó un incremento fue la de actos libidinosos, con 961 denuncias, frente a las 881 registradas entre enero y octubre de 2025, equivalente a un crecimiento del 9%.
En contraste, los casos de acoso sexual disminuyeron 8%, al pasar de 40 a 37, según el desglose estadístico correspondiente a los artículos 177 y 178 del Código Penal.

El comportamiento de los delitos relacionados con menores también muestra un aumento del 23% en las denuncias por corrupción de personas menores de edad, que pasaron de 263 a 323. A esta situación se suma el crecimiento del 48% en los casos de pornografía infantil, con 74 denuncias frente a las 50 contabilizadas durante los primeros diez meses del año pasado.
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El Ministerio Público también registró 27 denuncias por posesión de pornografía infantil y ocho por explotación sexual, además de otras ocho relacionadas con relaciones sexuales remuneradas con adolescentes.
Las estadísticas incluyen siete casos de exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces o con discapacidad, dos de turismo sexual y uno de exhibicionismo obsceno o pornográfico con menores.
La distribución mensual evidencia que julio concentró la mayor cantidad de denuncias por delitos sexuales, con 706 registros, seguido de mayo, con 685, y agosto, con 676.
Durante octubre se contabilizaron 540 denuncias, frente a las 587 de septiembre, mientras que febrero presentó la menor cantidad del período, con 416 casos.
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En el desglose territorial, la provincia de Panamá encabeza las estadísticas con 1,162 denuncias, seguida de Chiriquí, con 914, y Panamá Oeste, con 778. La comarca Ngäbe Buglé ocupa el cuarto lugar nacional, con 710 registros, superando a Bocas del Toro, que acumuló 566, y a otras provincias con mayor población.
La distribución también incluye 356 denuncias en Veraguas, 354 en Coclé y 267 en San Miguelito, mientras que Colón contabilizó 226. Herrera registró 117 casos, Darién 116 y Los Santos 99. En las comarcas indígenas, Guna Yala acumuló 38 denuncias y Emberá otras 23, según la información oficial.
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Al comparar los resultados con 2025, Herrera presenta el mayor incremento provincial, con 36%, seguida de Panamá Oeste, con 18%, y Chiriquí, con 15%. La comarca Guna Yala registra un crecimiento del 46%, al pasar de 26 a 38 denuncias, mientras que Ngäbe Buglé aumentó 22%, de 583 a 710 casos.
En contraste, Colón presenta una reducción del 17% en las denuncias, mientras que Los Santos disminuyó 6% y la comarca Emberá registró una caída del 38%. Coclé, Veraguas y San Miguelito también reportaron variaciones negativas cercanas al 1%, aunque estos cambios corresponden exclusivamente a los hechos denunciados ante las autoridades.
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Por distritos judiciales, el primero concentra 2,610 denuncias, seguido del tercero, con 2,190, el segundo, con 710, y el cuarto, con 216. El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse durante las investigaciones, por lo que los registros no equivalen necesariamente al número de víctimas ni a condenas judiciales.
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