La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que su Gobierno analizará el plan anunciado por Nayib Bukele para otorgar una liberación anticipada y condicional a una parte de los presos vinculados con pandillas en El Salvador, después de inaugurar una cárcel de alta seguridad que tomó como referencia el modelo penitenciario salvadoreño.
La declaración ocurrió este miércoles 14 de octubre, durante la apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), un penal construido en San Rafael de Alajuela, junto a la prisión de máxima seguridad La Reforma. El complejo tiene capacidad para 5.100 internos y demandó una inversión cercana a USD 35 millones.
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Consultada por un periodista sobre el anuncio de Bukele y las denuncias de detenciones arbitrarias formuladas por organizaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción salvadoreño, Fernández evitó pronunciarse sobre las decisiones internas del Gobierno salvadoreño.
“Yo no suelo opinar de las políticas públicas, que son decisiones de otros presidentes de la región”, respondió la mandataria costarricense. Agregó que revisará la propuesta con su equipo y que aprovechará una reunión prevista para el viernes con el presidente salvadoreño y sus colaboradores.
“Si hay algo valioso, dado que nos han dado tanta cooperación, lo vamos a estudiar”, sostuvo Fernández, y señaló que espera “traer aún más cosas positivas que puedan beneficiar a Costa Rica”.
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Bukele evalúa liberar de forma condicional a cerca de la mitad de los reos por colaboración con pandillas
La reacción de Fernández se produjo un día después de que Bukele expusiera la posibilidad de crear un mecanismo de liberación anticipada bajo condiciones y monitoreo para presos condenados por colaborar con pandillas, pero que no hayan tenido una participación central en delitos violentos.
El mandatario salvadoreño indicó el martes 13 de octubre que la medida podría alcanzar a cerca del 50% de los presos vinculados con esas estructuras. Aclaró que el eventual beneficio no equivaldría a una absolución y que los destinatarios seguirían bajo supervisión estatal.
Bukele planteó que su administración busca distinguir entre los integrantes de las pandillas y quienes colaboraron con ellas bajo distintos grados de presión o coerción. Como ejemplo, se refirió a jóvenes que alertaban sobre el ingreso de agentes de seguridad en zonas bajo control de esos grupos.
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“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos”, dijo el presidente de El Salvador. No precisó cuándo comenzaría a aplicarse el programa, qué requisitos legales establecería ni cuántas personas podrían acceder al beneficio.
Durante la misma intervención, Bukele afirmó que le gustaría levantar el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, aunque sostuvo que su Gobierno todavía considera necesaria la medida debido a la existencia de estructuras de pandillas que, según dijo, permanecen activas o fuera del alcance de las autoridades.
La nueva prisión costarricense replica parte del esquema de confinamiento salvadoreño
La inauguración del CACCO dio un contexto particular a la respuesta de Fernández. Horas antes, la presidenta había destacado que la obra se inspiró en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el establecimiento construido por el Gobierno de Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.
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El proyecto costarricense fue impulsado durante la administración de Rodrigo Chaves, quien mantuvo contactos con el Gobierno salvadoreño para conocer el modelo penitenciario y recibir asistencia técnica. La cooperación incluyó el diseño de la infraestructura, según informó la Presidencia de Costa Rica.
El CACCO está destinado a personas privadas de libertad consideradas de alto perfil criminal y vinculadas con organizaciones delictivas. El penal tiene cinco módulos, cada uno con espacio para 1.020 reclusos, y una superficie construida de unos 31.000 metros cuadrados sobre un terreno de 91.000 metros cuadrados.
El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar, explicó que el centro incorporará sistemas de videovigilancia, monitoreo electrónico durante las 24 horas, controles de ingreso y salida y un régimen diseñado para dificultar la circulación de objetos prohibidos y la continuidad de operaciones criminales desde las cárceles.
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Las autoridades costarricenses prevén que los primeros traslados de internos comiencen a finales de octubre. La Policía Penitenciaria asumirá el control de las instalaciones antes de ese proceso.
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