Gobierno descarta solicitar aumento en las tarifas del agua en Costa Rica y promete no trasladar ineficiencias a los usuarios

El Gobierno de Costa Rica descartó solicitar, al menos en el corto plazo, un aumento en las tarifas del agua potable y aseguró que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá mejorar primero su eficiencia administrativa y financiera antes de considerar cualquier ajuste que impacte el bolsillo de los usuarios.

Según la posición expuesta por el Ejecutivo, aunque la base tarifaria del AyA no se revisa desde 2018, la institución no ha solicitado un incremento y tampoco tiene previsto hacerlo de manera inmediata.

“El AyA no está pidiendo aumento tarifario. Aresep lo viene mencionando, pero la institución no solicitará un aumento al usuario en el corto plazo”, señaló el Gobierno.

La decisión, según las autoridades, responde a un proceso interno dirigido a ordenar las finanzas de la institución y corregir problemas acumulados antes de trasladar mayores costos a los hogares costarricenses.

AyA asegura que dejó atrás los números rojos

La presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, explicó que la institución ha enfrentado durante años dificultades financieras, pero afirmó que los resultados recientes muestran una mejoría que permitiría evitar, por ahora, un aumento tarifario.

“Nosotros en este momento no hemos solicitado ni estamos planeando solicitar un aumento a la tarifa de agua”, manifestó.

La jerarca sostuvo que la prioridad será administrar de manera más eficiente los recursos y activos del AyA antes de recurrir a un incremento en las tarifas.

“Necesitamos administrar de forma positiva todos nuestros recursos, nuestros activos, antes de ir y trasladar una ineficiencia que ha tenido, quizás de forma histórica, una institución al usuario”, agregó.

El Gobierno indicó además que durante 2023 y 2024 se registró un saldo acumulado a favor de los usuarios por ₡151 millones (USD 330 mil), mientras que en 2025 el AyA alcanzó una ejecución presupuestaria de 88%, presentada como la más alta de su historia.

Como referencia, entre 2010 y 2021 la ejecución presupuestaria anual habría promediado aproximadamente un 70%.

Gobierno promete no “castigar” al consumidor

La presidenta Laura Fernández defendió la decisión y aseguró que su administración pretende proteger a los usuarios antes que recurrir a incrementos para compensar problemas administrativos.

“Yo no vine a ser presidenta para defender instituciones como fines en sí mismas. Vine a defender el bolsillo de ustedes y las causas justas”, expresó Fernández.

La mandataria comparó la posición asumida con el AyA con decisiones adoptadas previamente en materia eléctrica y sostuvo que el Gobierno no pretende trasladar a los consumidores costos derivados de ineficiencias institucionales.

Desde el AyA también insistieron en esa línea.

“Estamos comprometidos en no darle ningún golpe al bolsillo de ningún costarricense antes de acercarnos nosotros nuestra propia faja”, afirmó la jerarca.

¿Qué pasará con Orosi II y otros proyectos?

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante fue si la decisión de no solicitar un aumento tarifario podría comprometer proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el abastecimiento de agua.

Entre ellos se mencionó el proyecto para la Gran Área Metropolitana conocido como Orosi II, así como inversiones en alcantarillado sanitario y el proyecto Agua para la Bajura, destinado a atender necesidades hídricas en Guanacaste.

La presidenta ejecutiva del AyA aseguró que, de acuerdo con las revisiones realizadas hasta ahora, la institución puede hacer frente a los esquemas de financiamiento de sus principales proyectos.

No obstante, reconoció que el AyA mantiene una deuda histórica antigua que deberá reorganizar para mejorar su administración y facilitar futuras opciones de financiamiento.

La jerarca señaló que ya existe planificación financiera para proyectos como el acueducto metropolitano y obras de alcantarillado sanitario.

También destacó el programa de reducción de agua no contabilizada, es decir, el recurso que se produce pero no termina generando ingresos debido a fugas, pérdidas u otras deficiencias del sistema.

Según explicó, disminuir esas pérdidas podría incrementar los ingresos de la institución y reducir la necesidad de trasladar mayores costos al consumidor.

“Consideramos que en este momento no es necesario trasladar algún tipo de administración que aún nos falta trabajar al usuario”, sostuvo.

Agua para Guanacaste seguirá en agenda

Sobre Agua para la Bajura, las autoridades señalaron que el proyecto continúa bajo coordinación con otras instituciones y que todavía deben resolverse aspectos relacionados con su financiamiento.

El Gobierno aseguró, sin embargo, que mantiene el compromiso de realizar los ajustes necesarios para llevarlo adelante.

Fernández insistió en que garantizar el abastecimiento de agua para Guanacaste constituye una prioridad y recordó que el proyecto ha sido discutido durante décadas.

“El agua para Guanacaste tenemos que garantizarla”, manifestó la presidenta.

La mandataria aseguró que confía en que durante su administración el proyecto avance hasta concretar el suministro esperado para las comunidades beneficiadas.