Un total de 24 costarricenses enfrentan procesos de extradición hacia Estados Unidos, Panamá y Francia, por causas vinculadas al tráfico internacional de drogas. Este escenario fue habilitado tras la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo de 2025, que permitió por primera vez la entrega de nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo bajo ciertas condiciones y garantías procesales.
De acuerdo con la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, 20 de las solicitudes provienen de Estados Unidos, mientras que Panamá y Francia han reclamado a dos personas cada uno. En la lista presentada a El Observador, los involucrados fueron identificados solo por su primer apellido.
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La redacción constitucional vigente dispone que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el país, salvo en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo, siempre y cuando la extradición sea concedida por los Tribunales de Justicia y se respeten los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales.
Este cambio legal abrió la vía para que la justicia costarricense tramite solicitudes de extradición exclusivamente por estos dos delitos. Al mismo tiempo, el gobierno presentó una propuesta para ampliar las causales de extradición más allá del tráfico internacional de drogas y el terrorismo, aunque esa discusión aún está en curso.
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Francia y Panamá solicitaron extradiciones por narcotráfico
En el caso de Francia, las autoridades solicitaron la extradición de dos hombres, Restrepo y Pablot, ambos ciudadanos colombianos nacionalizados costarricenses, vinculados a tráfico internacional de drogas. Según la información reportada, Restrepo escapó de un hospital penitenciario en Panamá en 2014.
En 2016, el Organismo de Investigación Judicial realizó allanamientos en dos lavacars que, de acuerdo con la publicación y lo consignado por El Observador, presuntamente eran utilizados para legitimar fondos provenientes del envío de droga a Europa.
Por parte de Panamá, una de las solicitudes involucra a Villalobos, alias “Boligoma”, quien fue detenido en ese país por tráfico de drogas y regresó a Costa Rica tras ser liberado en 2016. La segunda persona requerida es Martínez, también por tráfico de drogas, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas y fue capturado en junio pasado.
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Estados Unidos concentra la mayoría de los pedidos
Estados Unidos concentra la mayor parte de las solicitudes de extradición. Entre los primeros costarricenses extraditados a ese país figuran el exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quienes fueron entregados el 20 de marzo pasado. Más adelante, el 9 de julio de 2025, un gran jurado federal del Distrito Este de Texas presentó una acusación formal contra Gamboa.
Los extraditados más recientes son Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, un colombiano nacionalizado costarricense. Ambos fueron trasladados a Nueva York el 13 de agosto y quedaron bajo custodia del Tribunal del Distrito Sur de esa ciudad.
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Las autoridades estadounidenses consideran a Bell Fernández uno de los principales traficantes de cocaína de Costa Rica. La fiscal federal Jamie McDonal y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, presentaron la acusación formal por conspiración para traficar droga a ese país. Según la fiscal, Bell Fernández habría obtenido durante años cargamentos de cocaína procedente de Colombia y los transportó a través de Costa Rica para su distribución en Estados Unidos. Lozano Bonilla, por su parte, es señalado como líder de un grupo que exportaba drogas hacia Europa y Asia.
La extradición de costarricenses a otros países responde al nuevo marco legal, que requiere la aprobación de los tribunales nacionales y el cumplimiento de garantías procesales y derechos fundamentales reconocidos por la legislación costarricense e internacional. Según las autoridades, la discusión para ampliar las causas de extradición continúa mientras las solicitudes actuales se mantienen limitadas a los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.
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