Una oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, enfrentará el proceso penal en libertad, pero bajo estrictas medidas cautelares, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública acogiera la solicitud presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
La resolución judicial se dio tras una audiencia que se extendió durante seis horas, entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m. del miércoles, en la que el Ministerio Público expuso los elementos recabados hasta el momento dentro de la investigación.
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Como parte de las medidas impuestas, la funcionaria no podrá salir del país, deberá firmar una vez al mes ante la Fiscalía, tiene prohibido acercarse al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría o comunicarse, de forma directa o indirecta, con los testigos del caso. Además, fue suspendida de su cargo por un período de 10 meses mientras las autoridades concluyen el análisis de la evidencia.
La investigación se desarrolla bajo el expediente 26-000215-1218-PE y busca determinar si la funcionaria incurrió en los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.
Detenida en su lugar de trabajo
La oficial fue detenida el miércoles mientras se encontraba laborando en el principal aeropuerto del país. Paralelamente, agentes judiciales realizaron un allanamiento tanto en su puesto de trabajo como en su vivienda, con el objetivo de decomisar evidencia documental y equipos electrónicos que ahora forman parte del proceso investigativo.
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Según informó el Ministerio Público, las diligencias también incluyen estudios financieros y el análisis de información digital para determinar si existieron beneficios económicos o alguna estructura de colaboración detrás de los hechos investigados.
La principal sospecha
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la funcionaria habría facilitado y simulado el ingreso formal al territorio nacional de un ciudadano extranjero que, en realidad, se encontraba en condición migratoria irregular.
La gravedad del caso aumenta debido a que, según informes de inteligencia citados por las autoridades, ese extranjero presenta un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional.
Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del extranjero ni el nombre de la organización con la que presuntamente tendría relación, debido a que la investigación continúa bajo reserva y aún se encuentra en una etapa inicial.
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Investigación continúa
La suspensión del cargo por diez meses permitirá que los investigadores analicen sin interferencias la documentación incautada, los registros migratorios, los dispositivos electrónicos decomisados y los movimientos financieros relacionados con el caso.
El Ministerio Público indicó que durante ese período continuará recabando prueba para determinar si existen otras personas involucradas o si la actuación investigada responde a un hecho aislado.
La Fiscalía recordó que las medidas cautelares no representan una condena y que la funcionaria mantiene su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por los tribunales de justicia.
Este caso ha generado especial atención debido a que involucra los controles migratorios en el principal punto de ingreso aéreo del país y por la presunta relación del extranjero beneficiado con una organización catalogada como terrorista por los organismos de inteligencia.
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Mientras tanto, la causa penal seguirá su curso con el análisis de la evidencia recopilada durante los allanamientos y las diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción.
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