Orlando Aguirre defendió los cargos vitalicios para magistrados en Costa Rica y responsabilizó a la Asamblea por el bloqueo en la Sala IV

La discusión sobre el futuro de la Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para explicar el procedimiento de elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes, pero la sesión estuvo marcada por cuestionamientos del oficialismo y por un abierto debate sobre la independencia judicial.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando el diputado del Partido Pueblo Soberano, Wilson Jiménez, le preguntó directamente si consideraba adecuados los cargos vitalicios dentro del Poder Judicial.

La respuesta de Aguirre fue contundente.

“En el Poder Judicial y en la magistratura, sí”, respondió el magistrado, quien integra la Corte desde 1989.

La afirmación provocó la reacción inmediata del legislador oficialista, quien aseguró que esa postura le daba “pena” e incluso invitó al presidente de la Corte a dar “un paso al lado” para permitir el ingreso de nuevas generaciones que, según dijo, puedan renovar el Poder Judicial.

Lejos de retractarse, Aguirre defendió la permanencia prolongada de los magistrados como un elemento indispensable para garantizar la independencia de los jueces y la estabilidad del sistema democrático.

Según explicó, la seguridad jurídica depende de que quienes imparten justicia no estén expuestos a presiones o eventuales represalias políticas derivadas del contenido de sus resoluciones.

“El Poder Judicial es independiente, es la base del sistema democrático y también de la seguridad jurídica del país”, afirmó durante su intervención.

A juicio del magistrado, la permanencia de quienes integran la Corte permite mantener una línea jurisprudencial estable que brinda certeza tanto a los ciudadanos como a las instituciones.

Choque por la elección de magistrados suplentes

La comparecencia también estuvo marcada por el conflicto que mantiene enfrentados al Poder Judicial y al oficialismo respecto a la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Actualmente la Asamblea Legislativa mantiene pendiente el nombramiento de nueve suplentes incluidos en una nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia. La bancada de Pueblo Soberano se ha negado a votar por cualquiera de los 18 candidatos enviados, al considerar que la lista no responde a sus expectativas.

Durante la audiencia, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, cuestionó que la Corte haya insistido en remitir la misma nómina pese a que el Parlamento había solicitado una nueva.

Aguirre respondió apelando directamente a lo establecido en la Constitución Política.

“La letra de la Constitución es clara. Le encomienda a la Corte hacer la lista y después dice que la Asamblea nombrará de esa lista. El procedimiento es bien claro”, señaló.

El presidente de la Corte sostuvo que el retraso en los nombramientos no responde a una falla del Poder Judicial, sino al incumplimiento de las competencias constitucionales por parte del Legislativo.

“Es un problema de responsabilidad en el cumplimiento de las competencias que la Constitución nos ha dado”, afirmó.

Jiménez rechazó esa interpretación y sostuvo que el Congreso no puede verse obligado a escoger candidatos con los que no está de acuerdo.

“La responsabilidad nos la están achacando a nosotros y parece que nos están obligando a que nos guste lo que a ellos les gusta”, respondió la jerarca legislativa.

La polémica por una nómina “incompleta”

Otro de los cuestionamientos provino del diputado Ariel Mora, quien preguntó por qué la Corte no remitió una lista de 24 candidatos para llenar las 12 plazas de magistrados suplentes.

Actualmente el Poder Judicial envió una primera nómina con 18 aspirantes para elegir nueve puestos y mantiene abierto un segundo concurso destinado a completar las otras tres vacantes con seis candidatos adicionales.

Aguirre defendió ese procedimiento al explicar que los concursos públicos no siempre permiten completar todas las plazas debido a la cantidad y calidad de los participantes.

“No es incompleta, no necesariamente. Los concursos no siempre dan para mandar una lista completa”, respondió.

Además indicó que la Constitución permite realizar designaciones parciales conforme se concluyen los procesos de selección.

Respecto al segundo concurso, explicó que cerca de 40 personas participaron y que actualmente se realizan investigaciones y estudios sociales previos a las entrevistas que deberá efectuar la Sala Constitucional antes de enviar la nueva nómina al Congreso.

Aunque reconoció que el proceso anterior tardó alrededor de diez meses, aseguró haber solicitado prioridad para acelerar esta nueva selección.

Más de un centenar de casos siguen sin resolverse

El enfrentamiento institucional ocurre mientras la Sala Constitucional enfrenta dificultades operativas por la ausencia de magistrados suplentes.

La propia Sala IV informó que actualmente existen 123 expedientes pendientes de resolución definitiva debido a la falta de integración completa del tribunal.

La mayor parte corresponde a 99 recursos de amparo, mecanismo utilizado para proteger derechos fundamentales de manera expedita.

Además permanecen sin resolver 21 acciones de inconstitucionalidad, tres consultas constitucionales o judiciales y un recurso de hábeas corpus.

La situación incrementa la presión sobre la Asamblea Legislativa para concretar los nombramientos pendientes, mientras el Poder Judicial insiste en que el procedimiento seguido se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política.

Por ahora, el pulso entre ambos poderes mantiene paralizada una decisión que no solo ha abierto un debate sobre la independencia judicial y la permanencia de los magistrados, sino que también impacta directamente el funcionamiento de la Sala Constitucional y la resolución de decenas de casos vinculados con los derechos fundamentales de los costarricenses.