Gobierno de Laura Fernández presenta ley para sancionar e inhabilitar pistas clandestinas y combatir el crimen organizado

El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para sancionar e inhabilitar las pistas de aterrizaje clandestinas y no autorizadas en el país, así como para permitir el decomiso de bienes asociados a actividades ilícitas. Esta iniciativa responde al creciente uso de infraestructura aérea por parte del crimen organizado y el narcotráfico, fenómenos que han incrementado el riesgo para la seguridad nacional y la integridad territorial.

De acuerdo con el texto propuesto, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) asumirá la responsabilidad de emitir la declaratoria de ilegalidad respecto a las pistas sospechosas. La normativa establece que la clasificación de pistas clandestinas no solo incluirá aquellas que carecen de los permisos necesarios, sino también las que, pese a contar con autorización, presenten indicios de uso en actividades ilícitas. “No es solo la pista que carezca de permiso, sino también aquella que, aunque estando autorizada, muestre indicios de ser utilizada para actividades ilícitas que atenten contra la seguridad nacional”, explicaron al referirse a la amplitud de la ley.

El proyecto detalla un procedimiento administrativo que inicia con la notificación formal al propietario de la infraestructura señalada. Si el dueño no responde en un plazo de diez días hábiles, el Servicio de Vigilancia Aérea podrá proceder de inmediato con la inhabilitación, destrucción o demolición de la pista o sitio de atraque. Esta acción busca impedir la reactivación de puntos empleados por organizaciones criminales, que históricamente han aprovechado vacíos legales para operar en zonas rurales y costeras.

Respecto a las sanciones penales, la ley introduce penas de prisión de cinco a diez años para los propietarios, arrendatarios o administradores de terrenos que faciliten, toleren o construyan pistas o sitios de atraque no autorizados. La normativa contempla un agravante para quienes, tras la demolición o clausura oficial, opten por rehabilitar o reconstruir la infraestructura: en estos casos, las penas se elevarán a diez a quince años de prisión. Así, el Estado busca disuadir la reincidencia y cerrar el ciclo de reconstrucción que hasta ahora dificultaba el combate efectivo del tráfico aéreo ilegal.

Además de las penas de cárcel, el proyecto impone sanciones económicas. Operar aeronaves en aeródromos no autorizados acarreará una multa de cuarenta salarios mínimos para los propietarios, talleres o responsables de la aeronave involucrada. Esta disposición pretende desalentar la colaboración de terceros que puedan facilitar el uso de pistas clandestinas bajo la figura de servicios técnicos o de mantenimiento.

La ley también introduce la inmovilización registral de los terrenos involucrados en operaciones aéreas ilegales. Esto impedirá cualquier transacción, traspaso, herencia o gravamen sobre la propiedad mientras se encuentre bajo investigación, mecanismo destinado a evitar que los bienes cambien de manos durante procesos judiciales o administrativos. Además, las autoridades estarán facultadas para incautar de manera preventiva toda la maquinaria, vehículos, materiales y aeronaves utilizados en la construcción, rehabilitación o mantenimiento de pistas no autorizadas.

La propuesta busca dotar al Estado de herramientas efectivas para responder a la evolución de las tácticas del crimen organizado, que ha recurrido cada vez más a la aviación para el tráfico de estupefacientes, armas y otras actividades ilícitas. Las autoridades sostienen que la legislación actual presenta vacíos que dificultan el decomiso inmediato de bienes o la realización de demoliciones, lo que ha permitido que estas infraestructuras retornen rápidamente al servicio delictivo.

El Poder Ejecutivo subrayó que la aprobación de esta ley permitirá un accionar más coordinado entre los cuerpos policiales, Aviación Civil y los jueces encargados de los procesos, garantizando mayor agilidad en la respuesta estatal. La iniciativa también contempla la cooperación con organismos internacionales para el seguimiento y la persecución de redes transnacionales dedicadas al tráfico aéreo ilegal.

En el contexto de la presentación legislativa, autoridades recalcaron que la nueva regulación representa un paso fundamental para fortalecer la seguridad nacional y proteger la soberanía del espacio aéreo costarricense. El proyecto se encuentra actualmente en análisis de la comisión respectiva y se espera que inicie pronto el proceso de discusión en el plenario legislativo.