
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica anunció que devolverá al Ministerio de Hacienda más de ₡6.825 millones (USD 15 millones) correspondientes a su presupuesto del 2026, luego de que el órgano electoral aprobara una reducción equivalente al 10% de los recursos asignados para este año. La decisión supera ampliamente la solicitud planteada por el Poder Ejecutivo, que había pedido a las instituciones públicas un ajuste del 5% como parte de las medidas para contener el gasto estatal.
La medida fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este 30 de junio por las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes acordaron devolver de manera inmediata ₡6,825,210,800 al Ministerio de Hacienda, tras revisar de forma detallada las diferentes partidas presupuestarias y determinar cuáles podían ser reducidas sin comprometer el funcionamiento institucional.
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Según explicó el TSE en un comunicado, el análisis tomó en consideración diversos factores, entre ellos las necesidades actuales de la institución, el Plan Operativo Anual, la evolución del tipo de cambio del dólar, la continuidad de contratos vigentes y las proyecciones sobre la prestación de los servicios electorales, registrales y civiles que brinda la institución a la ciudadanía.
El mayor ajuste corresponde a los recursos que habían sido reservados para una eventual segunda ronda de las elecciones nacionales de 2026, partida de la cual se devolverán cerca de ₡2,934 millones (USD 6.4 millones) A esta reducción se suman ₡1.959 millones (USD 4.3 millones) destinados inicialmente a líneas presupuestarias relacionadas con un eventual referendo, además de otros recortes en alquiler de equipo de cómputo, servicios tecnológicos especializados, el Centro de Personalización y el Fondo General de Elecciones.
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El Tribunal destacó que este ajuste representa un esfuerzo extraordinario para responder a la solicitud realizada por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio MH-DM-OF-0722-2026, enviado el pasado 24 de junio, en el que la cartera pidió reducir en un 5% tanto el presupuesto vigente del 2026 como el anteproyecto presupuestario correspondiente al 2027, con el objetivo de contribuir a la contención del gasto público.

Sin embargo, el órgano electoral optó por concentrar el esfuerzo financiero en el presupuesto del presente año para evitar que la reducción afecte los recursos previstos para 2027, considerado un período estratégico debido al inicio de la preparación de las elecciones municipales programadas para el 2028.
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De acuerdo con el comunicado, aceptar un recorte sobre el presupuesto del próximo año tendría consecuencias importantes para la organización del proceso electoral, ya que durante 2027 deben ejecutarse múltiples contrataciones, compras de bienes, adquisición de servicios especializados y otras acciones logísticas indispensables para garantizar el desarrollo de los comicios municipales.
El Tribunal sostuvo que la devolución de recursos fue diseñada precisamente para proteger esas funciones esenciales y asegurar que el cronograma electoral no sufra alteraciones.
“Con esta medida el Tribunal Supremo de Elecciones atiende y supera la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda con rebajas aplicadas al presupuesto del presente año, evitando de esa manera una disminución del plan de gasto del año 2027”, señala el documento oficial.
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La institución también aseguró que la reducción presupuestaria no afectará la continuidad de los servicios que diariamente presta a la población costarricense en materia registral, civil y electoral.
Según explicó el órgano electoral, las partidas seleccionadas para el ajuste corresponden a recursos cuya ejecución ya no será necesaria durante este año debido a cambios en las condiciones originalmente previstas, entre ellos la disminución del tipo de cambio del dólar, la estabilidad en la demanda de algunos servicios institucionales y la inexistencia de ciertas obligaciones contractuales proyectadas inicialmente.

El comunicado enfatiza que la decisión busca equilibrar dos objetivos: colaborar con el esfuerzo nacional de contención del gasto público y, al mismo tiempo, preservar la capacidad operativa del Tribunal para cumplir con las responsabilidades que le asignan la Constitución Política, la Ley Orgánica del TSE y el Código Electoral.
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Asimismo, el organismo advirtió que el año 2027 representa una etapa preelectoral crítica, durante la cual deben desarrollarse procesos administrativos y logísticos que requieren una adecuada planificación financiera.
Con esta decisión, el TSE se suma a los esfuerzos impulsados por el Gobierno para reducir el gasto público, aunque optó por una estrategia distinta a la planteada inicialmente por Hacienda: devolver un monto superior durante el presente ejercicio presupuestario para proteger la planificación financiera del período preelectoral y garantizar que los servicios a la ciudadanía y la organización de las elecciones municipales de 2028 no se vean afectados.
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