Poder Judicial de Costa Rica enfrenta recorte presupuestario y advierte sobre riesgos en la lucha contra el crimen organizado

El Poder Judicial de Costa Rica anunció un recorte de ₡13,242 millones (USD 28 millones) en su presupuesto de 2026, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Hacienda orientada a contribuir con la sostenibilidad fiscal del país. La decisión, acordada por mayoría en la Corte Plena, integrada por 22 magistradas y magistrados, se adoptó en la sesión celebradae este 29 de junio.

La reducción presupuestaria, según comunicó el Poder Judicial, tendrá consecuencias directas sobre la prestación de servicios y sobre iniciativas clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y agilizar los procesos judiciales. De acuerdo con la información oficial, el recorte se compone de dos partes: ₡8,687 millones (USD 19 millones) corresponden a fondos previamente aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior para el fortalecimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas y la apertura de subdelegaciones en zonas estratégicas como La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez. Hacienda no autorizó la ejecución de estos fondos y además los eliminó del presupuesto proyectado para 2027.

El monto restante de la reducción responde a remanentes derivados del tipo de cambio del dólar, contrataciones que no recibieron ofertas y la reprogramación de proyectos de construcción, según detalló la entidad judicial.

La Corte Suprema de Justicia insistió en que los recursos asignados a la administración de justicia son esenciales para garantizar la protección de los derechos de las personas, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas. “Este constituye el mayor esfuerzo de ajuste que la institución puede realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales. Una reducción adicional obligaría a tomar medidas más drásticas con impacto directo sobre la atención que reciben las personas usuarias”, advirtió la institución.

En el comunicado, el Poder Judicial subrayó su nivel de eficiencia en la gestión de recursos públicos: la ejecución presupuestaria alcanzó el 97% en 2025, el 96% en 2024 y el 95% en 2023. Estos resultados, según la entidad, demuestran un compromiso con la disciplina fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.

Por otro lado, la Corte rechazó, también por mayoría, una solicitud de reducción adicional de ₡26.549 millones (USD 58 millones) al anteproyecto del presupuesto 2027, argumentando que un recorte de esa magnitud afectaría la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas de reducción del rezago judicial y la atención de víctimas.

El Poder Judicial, que incluye a juezas y jueces, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el OIJ, la Corte Suprema y sus dependencias administrativas, reiteró su compromiso con la sociedad costarricense. Según la institución, continuará enfrentando las limitaciones presupuestarias y trabajando para combatir el crimen organizado, resolver conflictos judiciales, defender los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia.

El mensaje institucional finalizó resaltando los 200 años de trabajo del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía costarricense y la convicción de que los recursos para la justicia son indispensables para la fortaleza democrática del país.