
La Polícia de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial ejecutaron este miércoles 23 allanamientos en Puntarenas y Alajuela para desarticular una presunta red de narcotráfico internacional liderada por Engler Araya Aguilar, una estructura que, según las autoridades, está vinculada con el decomiso de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína en tres operaciones marítimas de 2025.
Durante las primeras horas del operativo fueron detenidas 19 personas, informó Stephen Madden, director de la PCD. La investigación también atribuye al grupo delitos de legitimación de capitales, venta local de drogas y extorsión mediante préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.
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El caso fue denominado Turbo porque buena parte de la droga salía del puerto de Turbo, en Antioquia, Colombia, según confirmó la PCD. De acuerdo con la investigación, lanchas rápidas cargadas con cocaína partían desde Colombia y otros países de Sudamérica para abastecer embarcaciones pesqueras en el Pacífico costarricense, que luego llevaban los cargamentos hacia Estados Unidos y El Salvador.
Las diligencias comenzaron a las 3:00 en sectores de Puntarenas como Miramar, El Roble, Esparza, El Carmen y El Cocal. Los agentes también realizaron intervenciones en el centro de Alajuela.

La estructura está vinculada con tres decomisos marítimos de 2025
Según las autoridades, el primer caso relacionado con la organización ocurrió en abril, cuando autoridades de El Salvador interceptaron la embarcación pesquera Río Bravo. En esa operación fueron detenidas 11 personas, entre ellas cuatro costarricenses, y se decomisaron 1,25 toneladas de cocaína junto con varios rifles tipo AR-15.
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El segundo decomiso ocurrió en junio en una embarcación llamada Zona Cero. Las autoridades incautaron 1.850 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro costarricenses que, según la investigación, operaban bajo la modalidad de falsos pescadores.
El tercer operativo permitió decomisar 950 kilos de cocaína cerca de Golfito y detener a tres costarricenses. Según las autoridades, los tres casos guardan relación directa con la estructura investigada en el caso Turbo.
Las autoridadades sostienen que los integrantes del grupo se hacían pasar por pescadores y utilizaban barcos con compartimentos ocultos, conocidos como “caletas”, para esconder la droga antes de enviarla a otros países. Según la PCD, ese mecanismo permitió mover cargamentos en rutas del Pacífico costarricense sin despertar sospechas inmediatas.
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Las autoridades investigan una red con base familiar y patrimonio de alto valor
Según las autoridades, el presunto líder de la organización es Engler Araya Aguilar, quien ya estaba recluido en el Centro de Atención Institucional Terrazas por una causa relacionada con hechos ocurridos en 2009. De acuerdo con la investigación, fue condenado en 2015, aunque ingresó al sistema penitenciario hasta 2022.
Este miércoles también fueron detenidas su esposa, una mujer de apellido Sirias, y una de sus hijas. Ambas residían en una vivienda ubicada en Miramar cuyo valor rondaría el millón de dólares, según la investigación.
Las autoridades señalan como supuesto segundo al mando a Michael Sánchez Arce, capturado durante los operativos y señalado como responsable de coordinar la logística para el traslado de la droga. Junto a él fue detenida su pareja sentimental, una mujer de apellidos Medrano Quesada, de 26 años, hija de la primera vicealcaldesa del cantón central de Puntarenas Adriana Quesada Mora.
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Según las autoridades, también fueron arrestados dos ciudadanos colombianos en Alajuela por su presunta colaboración con la estructura. La investigación describe al grupo como una red integrada por familiares y personas de absoluta confianza de Araya Aguilar.

La Sección de Legitimación de Capitales del OIJ desarrolla en paralelo una investigación financiera para rastrear bienes que habrían sido adquiridos con dinero del narcotráfico. Según las pesquisas, la organización acumuló propiedades, fincas, viviendas y vehículos de alto valor, y esos informes patrimoniales serán utilizados por la Fiscalía para solicitar la anotación y el eventual decomiso de esos activos.
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