Presentan proyecto de ley para combatir el acoso escolar en Panamá con apoyo psicológico y detección temprana

El aumento de los casos de violencia registrados este año en centros educativos de Panamá impulsó la presentación de un anteproyecto de ley que busca cambiar el enfoque con el que el Estado enfrenta el acoso escolar.

La iniciativa propone crear un Programa de Prevención, Detección y Reparación Temprana del Acoso Escolar y la Violencia Juvenil, con el propósito de intervenir antes de que los conflictos escalen y fortalecer el acompañamiento psicológico de estudiantes, familias y docentes.

La propuesta, presentada por la diputada Graciela Hernández, llega en medio de una creciente preocupación por los episodios de agresiones ocurridos dentro y en los alrededores de escuelas del país, algunos de ellos con estudiantes hospitalizados, ataques con armas blancas e incluso disparos.

El proyecto parte de la premisa de que el acoso no debe abordarse únicamente desde el castigo, sino mediante una estrategia integral de prevención, detección temprana, salud mental y participación comunitaria.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera, donde una estudiante de 15 años permaneció cerca de un mes hospitalizada tras ser golpeada presuntamente por tres compañeras dentro de un baño del plantel.

Las adolescentes fueron separadas del colegio mientras el Ministerio Público investiga las responsabilidades penales derivadas de la agresión.

Ese hecho se sumó a otros episodios violentos registrados durante 2026. En Colón, dos adolescentes fueron enviados a detención provisional por tentativa de homicidio tras atacar con armas blancas a otros estudiantes dentro de un plantel.

Días después se reportó otro caso con un objeto punzocortante y, meses antes, un menor fue imputado por disparar contra otro adolescente en las inmediaciones de un centro educativo. En San Miguelito también se registró un ataque a tiros cerca de una escuela pública.

Las cifras del Ministerio Público reflejan esa tendencia. Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1.998 denuncias por delitos presuntamente cometidos por menores de edad, un incremento del 21 % respecto al mismo período de 2025.

Los delitos contra la vida y la integridad personal aumentaron 40,9 %, datos que han reforzado el debate sobre la necesidad de adoptar nuevas estrategias preventivas.

El anteproyecto establece la creación de un programa permanente orientado a desarrollar acciones de formación, sensibilización, detección oportuna, orientación y acompañamiento en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, empresarial y digital.

La intención es que la intervención no se limite al momento en que ocurre una agresión, sino que permita identificar factores de riesgo y atenderlos de manera temprana.

Su alcance va más allá de los centros educativos. La propuesta sería aplicable a escuelas oficiales y particulares, instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas que participen mediante programas de responsabilidad social y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de construir una red nacional de prevención de la violencia juvenil.

Entre las acciones contempladas se encuentra la capacitación de padres, madres, acudientes, docentes y cuidadores; la promoción de la salud mental y el bienestar emocional; campañas sobre el uso seguro y responsable de las plataformas digitales y programas continuos para fortalecer la empatía, la autoconfianza y la convivencia pacífica.

El proyecto dispone además que estas actividades tengan una duración mínima de cinco meses y que, al inicio de cada año escolar, todos los planteles informen a la comunidad educativa sobre los protocolos vigentes para atender casos de acoso escolar y violencia juvenil.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que no crea nuevas sanciones para los estudiantes agresores ni modifica las medidas disciplinarias existentes.

El texto deja expresamente establecido que el programa tendrá un carácter complementario y que no sustituye ni altera los protocolos o competencias que actualmente ejerce el Ministerio de Educación en materia de convivencia escolar.

En otras palabras, la apuesta legislativa no consiste en endurecer los castigos, sino en fortalecer la prevención y reducir la aparición de nuevos casos.

La coordinación del programa recaería en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que trabajaría junto con otras entidades públicas, municipios, empresas privadas y organizaciones civiles.

Además, el proyecto crea un Comité Técnico Interinstitucional, de carácter consultivo, encargado de coordinar la implementación de la estrategia sin generar nuevas estructuras administrativas ni mayores costos para el Estado.

La iniciativa también incorpora un componente de información estadística para fortalecer las políticas públicas. El Mides deberá promover la recopilación, integración y análisis de datos relacionados con el acoso escolar y la violencia juvenil, garantizando la confidencialidad de la información, y presentar un informe anual que permita evaluar los resultados del programa y realizar ajustes en las estrategias de prevención.

En la exposición de motivos, la diputada sostiene que el acoso escolar y la violencia juvenil afectan la convivencia, el desarrollo integral y el bienestar emocional de niños y adolescentes, con repercusiones que alcanzan a las familias, las comunidades y los entornos digitales.

Por ello, plantea articular los esfuerzos del Estado, la empresa privada y la sociedad civil para construir una política pública preventiva que permita ofrecer entornos más seguros e inclusivos para los estudiantes panameños.