El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este miércoles una serie de allanamientos en Costa Rica bajo el nombre de “Castillo de Princesas“. Un operativo que permitió dar con la detención de una mujer de apellido Cabrera de 39 años y un hombre de 47 años de apellido García, quienes presuntamente conformarían una banda dedicada al lavado de dinero y a la trata de personas.
La investigación permitió recolectar pruebas y detener a los principales objetivos vinculados a la estructura criminal, quienes, de acuerdo con las pesquisas, lograron expandir su patrimonio de forma abrupta a partir de actividades asociadas al narcotráfico y la trata de personas.
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El nombre del caso surgió tras identificar como epicentro de las operaciones una sala de masajes en Heredia denominada Castle, utilizada como tapadera para la prostitución y otras actividades delictivas.
El informe policial detalló: “La dinámica criminal contemplaba el alquiler de distintos inmuebles que eran utilizados como casas de citas para la prostitución de mujeres, además de la publicidad de los servicios a través de diferentes medios digitales, la coordinación previa de citas, entre otros aspectos necesarios para la logística criminal que permitían a los investigados obtener ganancias provenientes de actos delictivos.” Esta modalidad incluía la logística para proporcionar alimentos a los encargados de custodiar droga y almacenar estupefacientes.
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El operativo, coordinado desde las 6:00 a. m. de este miércoles, incluyó el allanamiento de tres propiedades: un condominio en La Garita de Alajuela, una estética asociada a Francis Tatiana Cabrera Palma y la vivienda del abogado y notario Allan García Barquero.
Ambas figuras se han señalado como objetivos principales del proceso de captura, mientras que los agentes judiciales enfocan sus acciones en decomisar evidencia clave bajo el expediente 24-001607-0369-PE.
En el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron a Cabrera Palma como presunta líder de la organización. Fuentes judiciales informaron que utilizaba negocios como TC Beauty Center by Tatiana Cabrera en La Guácima de Alajuela, así como varias salas de masajes en Heredia, para legitimar ingresos sospechosos.
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Junto a Cabrera Palma, la estructura operaba con el apoyo de Christian Jiménez Vargas, quien fue asesinado en 2021, y Allan García Barquero. Las acciones coordinadas del grupo facilitaron la introducción de grandes sumas de dinero derivadas del tráfico de drogas y la prostitución en el sistema financiero local.
Según el medio digital costarricense Cr Hoy, la investigación actual es una ampliación de una causa previa iniciada en 2018, bajo el expediente 18-002310-0059-PE, orientada inicialmente al delito de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.
En aquel entonces, Cabrera Palma, Jorge Luis Bolandi Cabrera, Mitsy Valverde Solano y Christian Jiménez Vargas fueron señalados como integrantes de la red. Los informes judiciales sostienen: “Se logró establecer que los investigados se habían visto vinculados con actividades criminales asociadas al tráfico sexual de mujeres, al menos, desde el año 2015 y hasta septiembre del 2021, siendo determinado que la dinámica criminal contemplaba el alquiler de distintos inmuebles que eran utilizados como casas de citas para la prostitución de mujeres”.
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A medida que la investigación avanzó, las autoridades detectaron indicios de lavado de dinero cuya magnitud obligó a iniciar una pesquisa específica por legitimación de capitales.
Los antecedentes de Cabrera Palma incluyen su paso por el Banco de Costa Rica (BCR) como funcionaria entre 2011 y 2019. Según el expediente, en al menos cuatro de esos años colaboró como asesora, planificando la entrada de fondos ilícitos en la banca nacional.
La investigación reveló que los servicios de sala de masajes, bajo cuya fachada operaban varias casas de citas en San Francisco de Dos Ríos y Guadalupe (San José), servían para publicitar y coordinar citas de carácter sexual.
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El modelo económico involucraba un pago de 25 mil colones por hora de servicio (alrededor de 47 USD) para los clientes, de los cuales el 40 % quedaba en poder de Cabrera Palma, según detalla el informe del OIJ.
Actualmente, las autoridades se mantienen en las tres propiedades involucradas en busca de indicios y evidencias que permitan sustentar las acusaciones y propiciar la detención formal de los involucrados, consolidando así un nuevo capítulo en el enfrentamiento al crimen organizado y la legitimación de capitales en Costa Rica.
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