El Congreso que le esperaría a Iván Cepeda: fragmentado, con memoria y sin mayorías automáticas

El 20 de julio de 2026 se instala el nuevo Congreso de la República. Dieciocho días después, el 7 de agosto, ese mismo Congreso recibe al presidente. No es un detalle protocolar. Es la secuencia que establece la Constitución. La rama legislativa precede al ejecutivo, lo recibe en sesión plena y le toma juramento. Desde ese momento los dos poderes tienen mandato de cuatro años, funciones separadas y ninguna subordinación entre sí.

El gobierno que termina dejó una demostración concreta de lo que pasa cuando esa relación se tensiona. La reforma a la salud fue hundida en el Congreso. El presidente declaró varios estados de excepción e intentó en varias ocasiones gobernar por decreto para saltarse decisiones legítimas del Congreso. La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica con votación de seis a dos, al determinar que el gobierno había intentado reemplazar el debate legislativo con decretos de excepción. El Congreso no cedió. Las instituciones funcionaron, aunque con fricciones que revelaron hasta dónde puede llegar la tensión entre los dos poderes.

En el Congreso que se instala ese 20 de julio, una curul está reservada constitucionalmente para el candidato presidencial que quede en segundo lugar en las elecciones. Su fórmula vicepresidencial obtiene una curul equivalente en la Cámara. Quien pierda la presidencia hoy no sale del poder público. Entra al Congreso como oposición institucionalizada, con voz en debates de control político y con capacidad de presentar proyectos de ley, siempre que decida aceptar ser parte de la institución.

La composición del Congreso seguirá siendo altamente fragmentada. Ninguna fuerza política cuenta con una mayoría propia. El Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Liberal representan los bloques más relevantes, pero el resto de la representación se distribuye entre varias colectividades medianas. Esto significa que ninguna bancada puede imponer por sí sola su agenda. En Colombia existen varios umbrales según el tipo de decisión. Ninguno de estos umbrales está al alcance de una sola bancada. Todos requieren coalición.

Con cerca del 23% del Senado, el partido con el que Cepeda llegaría al gobierno tendría que construir alianzas con al menos tres bancadas adicionales para cualquier iniciativa sustantiva. Esa construcción no es corrupción sino política ordinaria en cualquier sistema presidencial multipartidista. Negociar el contenido de los proyectos, distribuir prioridades entre comisiones y construir respaldo entre partidos que calculan costo-beneficio legislativo, no afinidad ideológica. Un Congreso donde ningún bloque tiene capacidad suficiente para imponer su agenda sin negociar con otros sectores.

Hay dos tensiones adicionales que marcarán esa relación desde el primer día. La primera es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Cepeda ha planteado la convocatoria de una constituyente como eje de su programa. El Congreso, en cambio, tiene razones estructurales para resistirla. Una ANC desborda las competencias del legislativo ordinario, puede rediseñar el sistema político y, en el límite, suprimir o reconfigurar el propio Congreso. Esa sola agenda generará una fractura de entrada entre el ejecutivo y la rama legislativa, independientemente de la composición de las bancadas, congresistas, de gobierno o de oposición se verían afectados. La experiencia reciente en la región —Venezuela en 1999, Ecuador en 2008, Bolivia en 2009— muestra que la convocatoria constituyente ha sido el instrumento mediante el cual presidentes han buscado saltarse legislativos que no los acompañaban.

La segunda tensión es la que Cepeda denomina “gran acuerdo nacional”. Una figura que en sus términos busca construir consensos, pero no es clara si es por encima de las mediaciones institucionales ordinarias ya que su denominación es amplia. No obstante, la lógica política que la sustenta ha sido descrita como la búsqueda de apoyos que permitan gobernar omitiendo o subordinando al Congreso. Si el ejecutivo presiona al sistema institucional para desgastarlo, acumula frustraciones legislativas, las presenta como obstrucción oligárquica y usa ese relato para justificar mecanismos de excepción o de concentración de poder entonces no es acuerdo, es imposición. A eso hay que sumarle que el Congreso llegará en agosto de 2026 con cuatro años de desgaste acumulado por las tensiones con el Gobierno Petro. Otros cuatro años de presión sostenida sobre el mismo cuerpo legislativo son una apuesta de alta fricción; la institución tiene memoria, pero también tiene límites.

El Congreso tiene además funciones que operan en dirección contraria al ejecutivo. Ejerce control político mediante debates de control y citaciones a ministros. Puede tumbar o modificar cualquier proyecto presidencial. Y en casos necesarios, tiene la función constitucional de juzgar al propio presidente. En teoría es el máximo instrumento de control sobre el ejecutivo. En la práctica colombiana, esa función ha producido resultados mínimos. La Comisión acumula cerca de 270 procesos contra Gustavo Petro, incluyendo investigaciones por presunta participación indebida en política y financiación de campaña, estancados y sin decisión de fondo. Los expedientes se abren, se reparten, se estancan y se archivan.

El Congreso que recibiría a Cepeda tiene ante sí una tarea que va más allá de la coyuntura; resistir el desgaste, cumplir sus funciones ordinarias y, cuando corresponda, investigar y acusar sin vacilación. No es un órgano decorativo ni un apéndice del ejecutivo. Representa a las regiones y, a través de ellas, al pueblo que en 1991 decidió darse un nuevo pacto político, una Constitución que figura entre las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos y en diseño de controles al poder. Esa Constitución no es negociable según la conveniencia del momento. Como en el fútbol, las reglas de juego no se cambian cuando se va perdiendo, o el juego mismo pierde sentido. El Congreso tiene el deber de custodiar esas reglas por todos los medios que la propia Constitución le otorga, porque si no lo hace, terminará siendo él mismo la primera víctima del desgaste que no supo contener. Si lo hace bien, podrá demostrar que la deslegitimación del Congreso colombiano no es un destino inevitable, que en 1991 el legislativo dejó de ser un órgano subordinado al presidente y a las redes de corrupción, y se convirtió en un verdadero órgano de participación y representación. Ese legado vale la pena defenderlo.