Dos jurados llegaron borrachos a los puestos de votación en Antioquia, ahora enfrentan una millonaria sanción

Un hecho inusual marcó la jornada electoral en Antioquia el domingo: dos jurados fueron retirados de sus puestos tras ser detectados en estado de embriaguez en Medellín y Copacabana.

Las autoridades confirmaron que ambos se exponen a sanciones económicas de hasta $20 millones y posibles procesos disciplinarios. El episodio ocurrió durante la apertura de urnas de la primera vuelta presidencial de 2026, en medio de estrictos controles y bajo la vigencia de la ley seca en todo el territorio nacional.

Retiro inmediato y protocolo ante la irregularidad

De acuerdo con información oficial, los jurados identificados en estado de alicoramiento formaban parte de los más de 114.000 ciudadanos asignados en el departamento para garantizar la transparencia de los comicios.

La irregularidad fue detectada tras un barrido de inspección en los diez municipios que conforman el área metropolitana de Medellín. En ambos casos, los implicados fueron apartados de sus funciones para evitar cualquier alteración en el desarrollo normal de la elección.

Las autoridades explicaron que la decisión respondió a los protocolos establecidos para garantizar la integridad del proceso. Según indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, la función de jurado es de forzosa aceptación y sólo justificaciones debidamente documentadas, como enfermedad grave o fuerza mayor, permiten excusarse legalmente.

La presencia de jurados bajo efectos del alcohol atenta contra los estándares mínimos exigidos para custodiar urnas, verificar identidad de votantes y participar en el conteo inicial de los sufragios.

La sanción para los implicados puede llegar a los diez salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a unos $20 millones. Si alguno de los retirados es funcionario público, el proceso disciplinario se suma a la multa.

Ley seca y controles reforzados en la región

La jornada electoral en Antioquia se desarrolló bajo la vigencia de la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

De acuerdo con el comandante de la Regional 6 de la Policía Nacional, general Yesid Bello Cubides, más de 6.000 uniformados fueron desplegados en los 125 municipios del departamento para vigilar 1.280 puestos de votación. Además, se activó un Puesto de Mando Unificado para el monitoreo permanente de la situación.

“Más de seis mil policías están dispuestos para los 125 municipios, para más de 1.280 puestos de votación”, indicó el oficial.

Fuentes oficiales confirmaron que, salvo esta novedad, la jornada electoral continuó con normalidad y no se registraron alteraciones graves de orden público en la región. La logística incluyó la instalación de 15.801 mesas para atender a más de cinco millones y medio de ciudadanos habilitados para votar.

Sanciones y antecedentes legales

El hecho de que jurados de votación incumplan sus obligaciones puede ser considerado como inasistencia o incumplimiento injustificado. En ese caso, la sanción para ciudadanos particulares alcanza hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para servidores públicos, además de la multa, existe la posibilidad de apertura del proceso disciplinario.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los implicados ni el nivel de alicoramiento. Tampoco se ha informado si las sanciones ya fueron formalizadas o si el caso sigue en etapa de revisión. La Registraduría enfatiza la obligatoriedad de cumplir la designación, salvo causas mayores debidamente soportadas.

Este episodio resalta que la transparencia y confianza en el proceso electoral dependen, en buena parte, del correcto actuar de los encargados de velar por la legalidad del voto. La jornada electoral en Antioquia sigue bajo supervisión de los organismos responsables, quienes mantienen activos los mecanismos de control y seguridad para garantizar el desarrollo adecuado del certamen.