Casi mil millones de pesos en efectivo se han incautado en las primeras horas de la jornada electoral

Las primeras horas de la elección presidencial en Colombia avanzaron bajo un clima de tranquilidad operativa y amplio despliegue policial. El general Óscar Mauricio Rico Guzmán, gerente del Plan Democracia, confirmó que el inicio de la jornada, previsto para las 8:00 a. m. transcurrió sin alteraciones, mientras las autoridades consolidaron un esquema de vigilancia que abarca la práctica totalidad del país.

La fuerza pública dispuso de más de 100 mil efectivos para custodiar directamente los puestos y mesas de votación, según detalló el propio general Rico Guzmán. La cobertura se extendió de manera directa y circundante, reforzada por unidades especializadas en inteligencia, policía judicial, carabineros, tránsito y transporte, así como grupos tácticos como el Unipol y Copes.

Desde la sala estratégica de la Policía Nacional en Bogotá, el oficial enfatizó el alcance de la operación: “Más de 120 mil hombres y mujeres están cubriendo de manera directa y circundante estos puestos de votación, las mesas de votación”.

La planificación de este dispositivo comenzó en junio de 2025, con ejercicios previos que sirvieron de base para la jornada actual. “Aquí hemos llevado a cabo un planeamiento que va ocurriendo alrededor de, de hace un año”, señaló el general, aludiendo a la experiencia acumulada durante eventos atípicos y consultas populares previas.

Incautaciones de dinero y vigilancia especial en los comicios

Durante las primeras horas del proceso electoral, las autoridades identificaron cinco casos de incautación de dinero en efectivo, que suman aproximadamente 780 millones de pesos. En uno de los episodios más recientes, una unidad de tránsito interceptó a una persona que portaba 111 millones de pesos.

Tanto el dinero como el individuo fueron entregados a la Fiscalía General, que será la encargada de determinar la procedencia, legalidad de los fondos y el fin por el que eran transportados.

El general Rico Guzmán invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de compra de votos o presión indebida.

“Seguimos articulando, invitando a toda la comunidad que siga siendo parte de veedores de todo el control, de toda la vigilancia, de todo el seguimiento, de todo el apoyo que nos puedan brindar a través de la línea primero de atención y emergencia, la 123, pero también la línea1 57, la línea anticorrupción, para que evidencien cualquier hecho que se pueda presentar de dudas, de despeje, de verificación”, expresó.

Se presume que este dinero incautado estaba destinado para usarse para el delito conocido como corrupción al sufragante, que consiste en la compra o venta de votos cerca de los puestos de votación. Esta conducta está tipificada en la legislación colombiana, específicamente en la Ley 1864 de 2017, que establece sanciones de prisión de 4 a 8 años y multas desde 200 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes ofrezcan o acepten dinero, dádivas o beneficios a cambio del voto.

La normativa contempla un agravante si el delito es cometido por un servidor público, aumentando la pena de una tercera parte a la mitad, y si intervienen recursos públicos, la sanción puede duplicarse.

Se recordó que en las elecciones al Congreso celebradas en marzo del 2026, se recibieron aproximadamente 120 llamadas ciudadanas que alertaron sobre situaciones sospechosas en inmuebles, locales comerciales, vehículos y personas. El general Rico subrayó la utilidad de esos reportes: “Eso sirve porque de manera inmediata solucionamos las dudas que tenía la misma comunidad, que tenía la misma sociedad”.

Por ahora los comicios se realizan sin ningún contratiempo de orden público u organización electoral en el territorio nacional. Además, se espera que la cifra de incautaciones aumente en el transcurso del día y se entregue la cifra oficial de estos operativos tras el cierre de las urnas sobre las 4:00 p. m.