Proyecto eólico en la Guajira quedó bajo la lupa por presunto detrimento de $313.000 millones detectado por la Contraloría

El proyecto eólico Windpeshi, desarrollado en La Guajira y relacionado con Enel Colombia, quedó en el centro de una investigación fiscal luego de que la Contraloría de Bogotá detectara un presunto detrimento patrimonial superior a los 313.000 millones de pesos. El ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal tras concluir que las obras no avanzaron conforme a lo planeado y que, pese a la ejecución de recursos, el proyecto nunca entró en operación.

Según información revelada por Revista Semana, la Contraloría adelantó una indagación preliminar en la que encontró retrasos, dificultades en los licenciamientos y posibles afectaciones económicas derivadas de la suspensión indefinida de la iniciativa energética.

La investigación se concentra en el proyecto Windpeshi, concebido para fortalecer la generación de energía eólica en el departamento de La Guajira.

La Contraloría indicó que el presunto detrimento patrimonial asciende a 313.276 millones de pesos. La cifra corresponde, según el organismo de control, a recursos comprometidos en una iniciativa que no alcanzó los resultados previstos pese al avance de las inversiones realizadas.

“La Contraloría de Bogotá, como resultado de una indagación preliminar, abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi”, indicó la entidad.

El ente de control también sostuvo que el proyecto no logró desarrollarse al ritmo contemplado inicialmente dentro de la planeación técnica y financiera.

De acuerdo con la auditoría, para marzo de 2022 el avance de las obras apenas llegaba al 29,6 %, por debajo del 33,7 % esperado para esa etapa.

La Contraloría señaló que esa diferencia evidenciaba retrasos significativos frente al cronograma originalmente establecido para el megaproyecto energético.

Además, el organismo aseguró que las dificultades en licenciamientos y trámites afectaron directamente la ejecución de las obras y generaron mayores costos para la iniciativa.

“Se identificaron retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución del proyecto y generaron mayores costos”, explicó la entidad en sus conclusiones preliminares.

El proyecto Windpeshi fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023 sin haber iniciado operaciones. La Contraloría aseguró que, al momento de la suspensión, apenas se habían construido siete de las 41 cimentaciones previstas dentro del plan de infraestructura.

Además, los aerogeneradores necesarios para el funcionamiento del parque eólico todavía no habían sido instalados.

El organismo de control también advirtió que varios equipos adquiridos para el proyecto permanecían sin entrar en funcionamiento, por lo que la finalidad de la inversión aún no se había cumplido.

La investigación concluyó que los recursos invertidos no lograron materializar el objetivo para el cual fue concebido el proyecto energético.

“Para la fecha de los hechos analizados, los equipos adquiridos no habían sido puestos en operación dentro del proyecto Windpeshi”, explicó la Contraloría.

La entidad añadió que, debido a la suspensión y los retrasos acumulados, no se concretó la finalidad prevista con la inversión efectuada en la iniciativa.

El caso vuelve a poner la atención sobre los desafíos que enfrentan varios proyectos de energías renovables en Colombia, especialmente en regiones donde persisten dificultades sociales, ambientales y administrativas.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, aseguró que el proceso busca establecer responsabilidades frente a los recursos comprometidos en Windpeshi.

“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido”, señaló el funcionario.

Además, explicó que la investigación fiscal tiene como objetivo esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a las que haya lugar tras los hallazgos encontrados durante la auditoría.

Mientras avanzan las actuaciones de la Contraloría, las autoridades continuarán revisando contratos, cronogramas, inversiones y decisiones administrativas relacionadas con el desarrollo del proyecto eólico en La Guajira.