Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las infracciones más graves y peligrosas en Colombia, razón por la cual las autoridades mantienen fuertes sanciones económicas y administrativas contra quienes incumplan la norma. En 2026, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden superar los 42 millones de pesos y, en algunos casos, implicar la pérdida de la licencia de conducción.
Según información publicada por Revista Semana, las sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que endurecieron las penas para los conductores que superen los niveles permitidos de alcohol en la sangre.
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Además de las multas económicas, las personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez también pueden enfrentar inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y trabajos comunitarios obligatorios.
La legislación colombiana establece cuatro niveles de alcoholemia que determinan la gravedad de las sanciones aplicadas a cada conductor. Las autoridades utilizan estas categorías para definir el tipo de comparendo y las medidas administrativas correspondientes.
El grado cero corresponde a quienes presentan entre 20 y 39 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.
El primer grado aplica cuando el nivel de alcohol está entre 40 y 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.
En el segundo grado se ubican los conductores que registran entre 100 y 149 miligramos de etanol, mientras que el tercer grado corresponde a quienes superan los 150 miligramos. Entre más alto sea el nivel de alcohol detectado, más severa será la sanción impuesta por las autoridades de tránsito.
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Las multas económicas establecidas para este año oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo del grado de embriaguez y de si el conductor es reincidente.
Esto significa que las sanciones económicas pueden ir aproximadamente desde los 5,2 millones hasta los 42 millones de pesos en 2026.
La suspensión de la licencia de conducción también hace parte de las consecuencias para quienes sean sorprendidos manejando bajo efectos del alcohol. Según la gravedad de la infracción, esta medida puede extenderse desde uno hasta diez años.
A esto se suma la inmovilización del vehículo, procedimiento que puede mantenerse entre uno y diez días hábiles, dependiendo de la decisión de las autoridades competentes.
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Las normas colombianas también contemplan la obligación de realizar acciones comunitarias o actividades pedagógicas relacionadas con seguridad vial para las personas sancionadas.
Uno de los puntos más estrictos de la legislación tiene que ver con la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En Colombia, rechazar este procedimiento es considerado una infracción grave y puede generar sanciones incluso más altas que algunas aplicadas por conducir en estado de embriaguez.
De acuerdo con la Ley 1696 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, los conductores no pueden negarse a practicar la prueba solicitada por las autoridades.
En caso de hacerlo, los agentes de tránsito podrán imponer una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Para 2026, esta sanción puede acercarse a los 84 millones de pesos, convirtiéndose en una de las multas más altas contempladas en la normativa de tránsito colombiana.
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Las autoridades han insistido en que este tipo de controles busca reducir los accidentes asociados al consumo de alcohol y prevenir tragedias en las vías del país.
La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en Colombia, especialmente durante fines de semana, festividades y temporadas de alta movilidad.
Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden alterar la capacidad de reacción, afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes.
Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar completamente el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir y utilizar alternativas como transporte público, taxis o plataformas digitales en caso de haber ingerido licor.
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Mientras tanto, los operativos de control y las pruebas de alcoholemia continúan realizándose en distintas ciudades y carreteras del país como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad.
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