Procuraduría y gremios de seguridad privada acuerdan plan de choque por crisis de trámites en Supervigilancia

seguridad privada para enfrentar la crisis de trámites que afecta actualmente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El encuentro dejó como resultado varias medidas urgentes orientadas a destrabar procesos administrativos represados y garantizar la continuidad operativa de las empresas del sector en Colombia.

Según información conocida por Revista Semana, la iniciativa se puso en marcha luego de múltiples reclamos de empresarios y organizaciones del sector por demoras en permisos, autorizaciones y procedimientos internos que dependen de la Supervigilancia.

Entre las principales decisiones acordadas se encuentra un plan de choque para agilizar trámites represados en empresas de vigilancia, transporte de valores y monitoreo.

La Procuraduría explicó que el objetivo de la mesa técnica es construir soluciones inmediatas frente a los retrasos administrativos que afectan la operación de miles de compañías de seguridad privada en el país.

Durante el encuentro también se discutieron medidas transitorias para garantizar que las empresas puedan continuar prestando sus servicios mientras se normaliza el flujo de trámites.

Además, se plantearon mecanismos de modernización institucional y estrategias para optimizar la capacidad de respuesta de la Superintendencia.

Fedeseguridad aseguró que la mesa técnica permitirá destrabar problemas estructurales que vienen afectando al sector desde hace varios meses.

“Instalamos de la mano de la Procuraduría General de la Nación una mesa de trabajo técnica con la Superintendencia para destrabar el problema estructural que tenemos en el represamiento de trámites”, señaló Fedeseguridad.

El gremio indicó que uno de los compromisos principales será ejecutar un plan de choque “inminente” para resolver en el corto plazo las solicitudes acumuladas que permanecen pendientes dentro de la entidad.

La organización sostuvo que actualmente existen retrasos que impactan directamente a empresas de vigilancia, seguridad privada, monitoreo y transporte de valores en diferentes regiones del país.

Otro de los acuerdos contempla la creación de una plataforma tecnológica para virtualizar varios procedimientos y reducir tiempos administrativos.

Según Fedeseguridad, el sistema permitirá que múltiples trámites puedan realizarse de manera digital en el futuro, facilitando la relación entre las empresas y la Supervigilancia.

“Segundo, se va a generar una plataforma tecnológica que va a permitir que a futuro varios de esos trámites se puedan hacer de manera virtual”, explicó el gremio tras la reunión.

Los representantes del sector también destacaron la reapertura de canales de comunicación directos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La intención es que las empresas puedan presentar inquietudes, reclamos y solicitudes de forma más ágil y con respuestas más rápidas por parte de la entidad.

Fedeseguridad aseguró que la reapertura de los canales de comunicación facilitará la atención de quejas y trámites pendientes.

“Se van a reabrir los canales de comunicación directamente con la Supervigilancia, de forma tal que los gremios tengamos un conducto que facilite que todos los trámites, inquietudes, quejas y reclamos puedan ser mucho más rápidos y ágiles”, agregó la organización.

Los gremios participantes también insistieron en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación entre el sector privado y las autoridades para atender futuras dificultades administrativas.

La seguridad privada en Colombia involucra a miles de empresas y trabajadores que dependen de la expedición oportuna de permisos, renovaciones y autorizaciones para operar legalmente.

La Procuraduría confirmó que hará seguimiento al cumplimiento de las medidas acordadas durante la mesa técnica.

El organismo aseguró que continuará acompañando el proceso para verificar que las acciones anunciadas permitan superar la crisis de trámites y garanticen estabilidad operativa para el sector.

Además, reiteró que el propósito es lograr una respuesta institucional efectiva frente a los problemas administrativos que afectan actualmente a las compañías de vigilancia y seguridad privada en el país.