
En medio de un debate sobre el acceso a la vivienda y la protección de comunidades vulnerables, Gustavo Bolívar denunció este fin de semana en la red social X el proceso de desalojo que amenaza a más de 430 familias en el barrio El Remanso I, localidad de Bosa, en Bogotá, situación que ha estado en polémica en los últimos días.
El escritor y excongresista apuntó directamente a la administración de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y a intereses económicos privados ligados al sistema de transporte masivo de la ciudad.
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Según el pronunciamiento de Bolívar, la decisión de desalojar a los residentes responde a presiones de propietarios vinculados a Transmilenio, el sistema de movilidad público. “Dime quién financia tu campaña y te diré para quién gobernarás”, afirmó el exsenador, señalando una posible relación entre el respaldo económico y las políticas municipales.
Para Bolívar, el desalojo representa “el intento de expulsar a cientos de familias” por intereses particulares, dejando en riesgo a niños y adultos mayores.
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En su mensaje, Bolívar citó a Ana Cristina Muñoz, activista y habitante del sector, quien describió la situación como “la Bogotá que expulsa a sus pobres”.
Muñoz advirtió que tras más de una década de residencia, los habitantes de El Remanso I enfrentan la pérdida de sus hogares y la ruptura de sus redes comunitarias: “No solo intentan arrasar viviendas. Buscan arrasar la esperanza de más de 400 familias que levantaron su vida sobre un territorio que hoy quieren arrebatarles”.
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La polémica se intensificó por la aparición de Sotrandes, operadora privada de rutas en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp), señalada como parte interesada en la recuperación de los predios.
Según lo expuesto por Bolívar y Muñoz, la defensa de la propiedad privada se antepuso al derecho a la vivienda digna. “Mientras la propiedad privada recibe todas las garantías, la dignidad humana y el derecho a una vivienda digna son ignorados”, sostuvo Muñoz en el pronunciamiento reproducido por Bolívar.
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La administración distrital fundamentó su actuación en una sentencia judicial que reconoció la titularidad de los terrenos a la empresa. No obstante, Bolívar y los líderes comunitarios cuestionan la diligencia con la que las autoridades procedieron en favor de los intereses empresariales.

“¿Por qué tanta diligencia para defender intereses económicos y tan poca para proteger a quienes habitan el territorio?”, preguntó Muñoz en su carta, alertando sobre lo que catalogó como “uso selectivo de la ley”.
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El drama social que se vive en El Remanso I pone en evidencia la ausencia de alternativas habitacionales para las familias afectadas.
“El verdadero drama es desalojar a la fuerza sin ofrecer alternativas dignas y humanas”, afirmó Muñoz, citada por Bolívar. Según los testimonios, las autoridades han reducido el conflicto a un trámite administrativo, desconociendo el impacto humano de la medida.
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En declaraciones recogidas por el propio Bolívar, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales han denunciado el incremento de desalojos en sectores populares de Bogotá, subrayando la vulnerabilidad de menores y adultos mayores.
“No puede llamarse progreso a dejar niños durmiendo en la calle. No puede llamarse desarrollo a destruir comunidades para incrementar ganancias”, expresó Muñoz.
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Gustavo Bolívar: “No puede llamarse progreso a dejar niños en la calle por defender intereses empresariales” - crédito @GustavoBolivar/X
La disputa por El Remanso I cobró un tono político al vincularse con debates nacionales sobre justicia social y acceso a la vivienda.
“Nada de esto es casual. Responde a la lógica que atraviesa el mundo: la deshumanización”, escribió Muñoz. Bolívar, por su parte, asoció la situación local con conflictos internacionales, al señalar: “La misma que le permite al doctor Galán negar un genocidio transmitido en vivo desde Gaza”.
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El pronunciamiento del exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar concluyó con un llamado a una “revolución ética” en la que la vivienda digna y la protección de la ciudadanía prevalezcan sobre los intereses privados.
“Con Iván Cepeda vamos por una revolución ética que ponga la vivienda digna y la vida de la ciudadanía primero”, enfatizó el excongresista en su pronunciamiento.
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