Gremios de carga advirtieron que tomarán las “decisiones que correspondan” si el Gobierno Petro no cumple los acuerdos del paro de 2024

Los camioneros llevan un año y siete meses yendo a reuniones, firmando papeles y esperando que el Gobiernonacional cumpla su palabra. Eso es, en esencia, lo que describe el Frente Común de Gremios de Carga (Fcgc) en un comunicado público fechado el 30 de abril de 2026 en Bogotá. Y la paciencia, según el gremio, llegó a su límite.

“Si la vía jurídica y técnica sigue siendo ignorada, las bases tomarán las decisiones que correspondan para hacer valer sus derechos”, dice el documento firmado por siete organizaciones del sector transportador, entre ellas la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) y la Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros (CNT-CP).

¿Qué pasó para llegar hasta ese punto?

Todo inicia en septiembre de 2024. Tras varios días de bloqueos en carreteras de todo el país, el paro nacional transportador se levantó el 6 de septiembre de 2024 gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y más de 80 representantes del sector.

El pacto incluyó compromisos sobre tarifas de combustible, modernización de vehículos, actualización del sistema de costos Sice-Tac y mejoras al Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc), entre otros puntos. El presidente Gustavo Petro les aseguró que se les cumpliría con esos apartados.

Diecinueve meses después, el Fcgc dice que el cumplimiento fue parcial y que lo poco que se avanzó no fue por voluntad del Gobierno.

“Los avances normativos alcanzados hasta la fecha no son producto de la voluntad espontánea del actual Gobierno Nacional. Son, única y exclusivamente, la consecuencia vinculante de la firma del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que levantó el paro, y el resultado de la gestión gremial técnica y legal, permanente e intensa de nuestras organizaciones”, señala el comunicado.

El 21 de abril de 2026 vencieron los términos legales para expedir la reglamentación derivada del Decreto 1017 de 2025, norma firmada en septiembre del año pasado que buscaba modernizar las reglas del transporte de carga. Según el gremio, el Ministerio de Transporte dejó pasar esa fecha sin publicar las resoluciones pendientes.

El comunicado enumera ocho actos administrativos que califica de “engavetados”: la actualización del Rndc; la actualización del Sice-Tac, que incluye precios, número de viajes y distancias para carga pesada y un proyecto de saneamiento para vehículos Light con doble ficha de homologación.

A eso se suma una resolución para la operación de patios de contenedores; el cumplimiento de normas sobre llantas de base ancha; la modificación del Formato Único de Extracto del Contrato (Fuec) para transporte especial; y dos proyectos modificatorios del Decreto 1079 de 2015, uno para transporte especial y otro para taxis.

La pregunta con nombre propio

El Fcgc no se limita a denunciar el retraso. En el comunicado lanza una pregunta pública dirigida al país: “¿Este bloqueo administrativo sistemático responde a una instrucción directa del Presidente de la República, a una directriz de la Ministra de Transporte, o a la negligencia del Director de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio?”.

La ministra María Fernanda Rojas es señalada directamente. El gremio le pide que “personalmente se coloque al frente de todas las acciones, coordinaciones y acciones con las demás entidades del Estado y con el diálogo con los transportadores del país”, en particular por lo que describe como una “grave situación de inseguridad en el suroccidente del país”.

El tiempo que queda

El gremio advierte que el Gobierno tiene aproximadamente 40 días hábiles antes de que la administración Petro cierre su ventana operativa. En ese plazo, el Fcgc exige la publicación inmediata de las ocho resoluciones pendientes y el cumplimiento del acuerdo del 6 de septiembre de 2024. “El tiempo de la burocracia se agotó; los acuerdos de Estado se firman para cumplirse”, concluye el documento.

El sector transportador de Colombia participó en más de 50 mesas de trabajo técnico y legal en los últimos 19 meses. Las respuestas del Ministerio, según el gremio, “han sido el silencio y la dilatación”.