Corrupción en la Ungrd: nueva declaración de María Alejandra Benavides impulsaría acciones judiciales contra Berenice Bedoya y Martha Peralta

La Corte Suprema de Justicia convocó a la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides como testigo clave en la investigación contra las senadoras Martha Peralta Epieyú y Sor Berenice Bedoya por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) e Invías.

La diligencia, liderada por el magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala de Instrucción, tuvo lugar el jueves 30 de abril a las 4:00 p. m., en desarrollo del proceso en el que la declaración de Benavides buscaba destrabar varios expedientes.

La comparecencia se produjo mientras el Congreso mantiene paralizada la reforma pensional, contexto en el que presuntamente se vinculan los contratos investigados.

En el auto judicial firmado el 15 de abril de 2026 por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, la Corte dispuso la práctica de la declaración de Benavides, beneficiaria de un principio de oportunidad y testigo de cargo de la Fiscalía General.

Su citación respondió a las acusaciones de direccionamiento de contratos de obra e interventoría en la Ungrd para favorecer intereses particulares de las dos congresistas investigadas.

Por su parte, el exdirector de la entidad Olmedo López ha sido una de las principales fuentes de los señalamientos en este caso.

Ante la fiscal María Cristina Patiño, López mencionó que la senadora Sor Berenice Bedoya habría solicitado a través de Peralta un contrato para labores en Casanare y Meta, con el supuesto propósito de asegurar apoyos políticos a cambios legislativos impulsados por el Gobierno.

López también resaltó que Peralta estaría vinculada a una contratación irregular por $2.125 millones destinada a la recuperación de jagüeyes en Riohacha, La Guajira.

De acuerdo con su relato ante el despacho de la fiscal Patiño —hecho público en diciembre pasado durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco—, parte de los hechos investigados se remontan a reuniones y comunicaciones documentadas durante 2023.

El 19 de septiembre de ese año, según López, Martha Peralta participó en la sede de la Ungrd de un encuentro con contratistas para buscar la asignación de recursos y maquinaria amarilla a obras en La Guajira, su departamento de origen y donde cuenta con fuerte influencia política.

Por su parte, el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, complementó estas afirmaciones como parte de su colaboración con la justicia.

Pinilla aseguró: “Señaló a Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora del Congreso de la República, como la persona en favor de quien debían tramitar y direccionar, al interior de la Ungrd, el negocio jurídico de maquinaria amarilla a realizarse en el municipio de Riohacha, La Guajira, por un valor de $2.125 millones”.

Además, refirió la asistencia de Peralta a una reunión con presencia de contratistas dedicada a finalizar los detalles del contrato para el mantenimiento de jagüeyes en la región, encuentro celebrado en septiembre de 2023.

Respecto a Sor Berenice Bedoya, la Fiscalía sostuvo que mostró interés en un contrato de obra en Puerto Concordia, Meta. El expediente judicial recoge que el 13 de junio de 2023, Bedoya envió a López documentos y fotografías relacionados con dos proyectos de la Ungrd: “Agua Azul Casanare” y “Puerto Concordia Meta”.

En esa jornada, precisó durante la audiencia la fiscal Patiño, “el mismo 13 a la misma hora, Berenice le envía dos mensajes, los cuales fueron eliminados y no permiten visualizarse”.

El día siguiente, Bedoya remitió a López otro mensaje adjuntando una solicitud de recursos de inversión, y a las 5:06 p. m. escribió: “Olmedo, buenas tardes. Este es un tema de Risaralda para que me hagas el favor. Gracias”.

Entre la documentación aportada, figura una tabla del proyecto de Puerto Concordia, cuyo costo asciende a $4.811 millones según información transmitida por el funcionario.

La nueva declaración de María Alejandra Benavides, que cuenta con el respaldo de un principio de oportunidad en el proceso penal, representa un avance decisivo en una causa que venía acumulando retrasos.

Las investigaciones buscan determinar si Peralta y Bedoya aprovecharon sus cargos en el Congreso para influir en la adjudicación de contratos estatales, a partir de los elementos aportados por exfuncionarios de la Ungrd y corroborados por evidencias digitales y documentales.

De este modo, la diligencia judicial celebrada el 30 de abril se convierte en un episodio clave para el esclarecimiento de las presuntas irregularidades contractuales vinculadas a dos regiones prioritarias en materia de obras públicas: La Guajira y Meta.

El análisis detallado de los mensajes, reuniones y testimonios incluidos en el expediente será fundamental para establecer la posible responsabilidad penal de las dos congresistas investigadas.