La Rama Judicial emitió un llamado urgente a las autoridades tras atentados terroristas en el suroccidente del país

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia se pronunció frente a los recientes atentados ocurridos en el suroccidente del país, en medio de una escalada de violencia que ha dejado decenas de víctimas. A través de un comunicado oficial emitido el 30 de abril de 2026, la comisión expresó su posición frente a los hechos registrados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Los ataques violentos reportados desde mediados de abril dejan hasta el momento 25 personas fallecidas y 56 heridas, además de múltiples afectados por los hechos.

En su declaración, la comisión manifestó “su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, heridas y damnificadas por los hechos de violencia”, al tiempo que lamentó la situación de orden público que atraviesan estas regiones del país.

El organismo, que reúne a los presidentes de las principales corporaciones judiciales y a entidades como la Fiscalía General de la Nación, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de estas zonas. Según el comunicado, estos hechos evidencian el contexto de inseguridad que afecta a la población civil.

La Rama Judicial hizo un llamado directo a las autoridades para adoptar medidas conjuntas frente a la situación. En ese sentido, señalaron que “hace un llamado a todas las instituciones nacionales, regionales y locales para que, mediante un diálogo armónico, puedan coordinar acciones concretas y articuladas para evitar nuevos hechos de violencia”.

El pronunciamiento enfatizó la necesidad de garantizar la protección de la vida y de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional, en medio de los recientes ataques atribuidos a actores armados. Adicionalmente, la comisión invitó a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y a colaborar con las autoridades mediante la denuncia de hechos que puedan afectar la seguridad.

Advertencias de la ONU por violaciones al Derecho Internacional Humanitario

En paralelo al pronunciamiento de las altas cortes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una alerta sobre la situación en Cauca y Valle del Cauca, tras documentar ataques ocurridos entre el 24 y el 27 de abril de 2026.

Según el organismo internacional, estos hechos dejaron al menos 20 personas muertas y más de 30 heridas, y fueron calificados como graves vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La entidad dirigió un mensaje tanto a los grupos armados no estatales como a las autoridades, en el que insistió en la necesidad de fortalecer la articulación institucional. En su pronunciamiento indicó que “la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama a los gobiernos nacional y locales a fortalecer la coordinación de sus acciones, para proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques por parte de grupos armados no estatales, aunando esfuerzos y superando las diferencias”.

La ONU reiteró que este tipo de ataques están prohibidos bajo el Derecho Internacional Humanitario. En ese contexto, precisó que “están prohibidos los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil y sus bienes y los ataques a la misión médica, entre otros, y que estos ataques constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario”.

Recomendaciones y acciones planteadas

El pronunciamiento del organismo también incluyó recomendaciones dirigidas al Estado colombiano para enfrentar la situación. Entre ellas, destacó la implementación de políticas de desmantelamiento del fenómeno criminal, que contemplan acciones como inversión social, acceso a la justicia, combate a la corrupción, lucha contra el lavado de activos y fortalecimiento de operaciones contra estructuras armadas.

Asimismo, la entidad instó a reforzar la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, y a fortalecer las labores de inteligencia como herramienta preventiva; así como también garantizar investigaciones efectivas sobre los hechos recientes y promover el acceso a la justicia para las víctimas.