ICA y Acosemillas lanzan advertencia por una práctica que puede hacer perder hasta 40% de la cosecha en Colombia

El rendimiento de una cosecha puede definirse mucho antes de que aparezcan los primeros brotes. En el campo colombiano, una decisión que parece menor, la elección de la semilla, está marcando la diferencia entre ciclos productivos exitosos y pérdidas que golpean directamente el bolsillo de los agricultores.

Por estos días, cuando avanza la temporada de siembra del primer semestre de 2026, el tema volvió a encender alertas entre autoridades y gremios. La preocupación no gira alrededor del clima o los precios internacionales, sino de una práctica que sigue siendo común en varias regiones, el uso de semillas no certificadas.

El asunto, aunque técnico, tiene implicaciones concretas. Desde menores rendimientos hasta riesgos sanitarios, la elección de insumos se convirtió en un punto crítico para la sostenibilidad del agro, especialmente en un contexto donde cada hectárea cuenta.

El llamado más reciente lo hicieron el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas), que insistieron en la necesidad de que productores y comercializadores se mantengan dentro de los canales formales. La advertencia no es menor si se tiene en cuenta que el impacto puede ser considerable.

De acuerdo con cifras del ICA, utilizar semillas certificadas puede representar incrementos de hasta 40% en el rendimiento por hectárea frente a materiales no autorizados. En otras palabras, optar por insumos informales puede traducirse en pérdidas significativas desde el inicio del proceso productivo.

“El uso de semillas autorizadas por el ICA asegura que el productor reciba un elemento de calidad sanitaria, genética, física y fitosanitaria”, afirmó Paula Andrea Cepeda Rodríguez, gerente general del ICA. Su explicación apunta a un aspecto clave, no se trata únicamente de producir más, sino de hacerlo con estándares que garanticen estabilidad en el cultivo.

El problema, sin embargo, no se limita a la productividad. Las semillas no certificadas también pueden convertirse en una puerta de entrada para plagas y enfermedades, afectando no solo un lote específico, sino incluso regiones completas. En ese escenario, el costo ya no es individual, sino colectivo. A diferencia de los materiales informales, las semillas avaladas pasan por controles rigurosos. Estos procesos verifican su pureza genética, su capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas y su sanidad. Esto reduce riesgos y permite planificar con mayor certeza.

En contraste, quienes recurren a opciones no autorizadas enfrentan incertidumbre desde la germinación. Fallas en el desarrollo, baja resistencia o incluso contaminación biológica pueden alterar por completo el resultado esperado. Todo esto implica más inversión para corregir problemas que pudieron evitarse desde el inicio.

El contexto actual hace que esta decisión sea aún más determinante. Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), algunos cultivos vienen mostrando señales positivas. El maíz, por ejemplo, registró un crecimiento de 14,3% en 2025, mientras que el arroz aumentó 3,0%.

Estas cifras reflejan un potencial importante para el sector. Sin embargo, también elevan el nivel de exigencia para los productores, que deben mantener o mejorar esos resultados en medio de variables como el cambio climático, la volatilidad de los precios y el encarecimiento de insumos. En ese escenario, cada elección dentro del proceso productivo adquiere un peso estratégico. La semilla deja de ser un insumo más y se convierte en un factor determinante para la rentabilidad.

A esto se suma un componente normativo. El uso y comercialización de semillas está regulado en Colombia, y el incumplimiento puede acarrear sanciones. La Resolución ICA 15141 de 2024 establece lineamientos claros que buscan garantizar la calidad y trazabilidad de estos productos. Por eso, las autoridades recomiendan adquirir semillas únicamente en establecimientos registrados, verificar las condiciones del empaque y revisar la información técnica. Además, insisten en la importancia de exigir factura, un respaldo clave ante cualquier inconveniente.

Más allá de la regulación, el impacto trasciende lo individual. Un mayor rendimiento por hectárea no solo mejora los ingresos de los productores; también fortalece la oferta de alimentos y contribuye a la estabilidad de precios en el país. De igual forma, la formalización del mercado impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto permite contar con variedades más resistentes y adaptadas a las condiciones locales, un aspecto clave en un entorno cada vez más desafiante.