
Sobre las 8:30 de la mañana de este jueves 30 de abril, Germán Ávila, ministro de Hacienda, llegó a la sede del Banco de la República para participar en la reunión de su Junta Directiva.
La presencia del funcionario llamó la atención porque, desde el 31 de marzo, el Gobierno había anunciado que se retiraba de esas sesiones como señal de protesta por el aumento de la tasa de interés al 11,25%.
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La pelea entre el Gobierno y el banco central viene de tiempo atrás. El 31 de marzo, cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva votaron a favor de subir la tasa en 100 puntos básicos, del 10,25% al 11,25%.
Ávila abandonó esa sesión en señal de rechazo y el presidente Gustavo Petro respaldó la salida y desde entonces el Gobierno sostuvo que el aumento era “absolutamente incoherente y desproporcionado” y que subir las tasas no resuelve factores externos como la volatilidad de precios internacionales o los efectos de la guerra en Oriente Medio.
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Pese a esa postura, Ávila había anunciado semanas atrás su regreso. En la Comisión Tercera del Senado, el 22 de abril, el ministro afirmó que "el Gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la Junta Directiva“. Y así ocurrió.
La tasa de interés del Banco de la República es, en términos simples, el precio al que el banco central le presta dinero a los bancos del país. Cuando esa tasa sube, los créditos se encarecen para todos: empresas, familias y gobierno. El banco la usa para controlar la inflación, es decir, el alza generalizada de los precios de lo que compramos a diario.
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La reunión de hoy no llega en un ambiente tranquilo. Las proyecciones de los analistas consultados por Anif y la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo apuntan a un nuevo aumento de la tasa. Anif prevé un alza de entre 50 y 75 puntos básicos, lo que llevaría la tasa a un rango de entre 11,75% y 12%. La EOF de Fedesarrollo anticipa un incremento de 75 puntos básicos hasta el 12%.
Dentro de la Junta, la votación no sería unánime. Según Anif, Ávila y los codirectores César Giraldo y Laura Moisá se opondrían al aumento, mientras que los otros miembros lo respaldarían. Los tres han coincidido en foros y debates del último mes en la posibilidad de modificar la meta de inflación y de explorar herramientas distintas a la tasa de interés para contener los precios.
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La asistencia de Ávila también tiene un trasfondo legal. El artículo 372 de la Constitución Política establece que la Junta Directiva del Banco de la República debe ser presidida por el ministro de Hacienda. La Ley 31 de 1992, conocida como la Ley Orgánica del Banco de la República, le asigna además la responsabilidad de coordinar la política económica con la política monetaria.
Ausentarse de forma deliberada podría derivar en investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación e incluso en señalamientos por prevaricato por omisión, aunque ese último punto es objeto de debate entre juristas.
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El gerente del banco, Leonardo Villar, había rechazado por escrito la invitación del ministro a un foro económico, al considerar que el evento buscaba “cuestionar los supuestos del pensamiento económico dominante”. Villar también había pedido públicamente que Ávila reconsiderara su retiro, al recordar que la ley establece que el ministro de Hacienda debe asistir a la Junta “por ser el vocero del Gobierno“.
En medio de toda esta polémica más de 250 economistas y expertos firmaron una carta pública en defensa de la autonomía del Banco de la República antes de esta reunión. Ya en abril se admitió además una demanda ante el Consejo de Estado que busca eliminar la obligatoriedad de que el ministro presida la Junta, con el argumento de que esa norma pone en riesgo la autonomía técnica del banco cuando hay diferencias profundas con el Gobierno de turno. La decisión
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