
El juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá emitió una orden formal para que se recauden pruebas y documentos destinados a evaluar la solicitud de libertad condicional presentada por David Murcia Guzmán. La medida busca determinar si corresponde conceder la excarcelación del señalado creador de la captadora DMG, figura central de uno de los mayores escándalos financieros en Colombia, bajo el argumento de la acumulación y equivalencia de condenas cumplidas dentro y fuera del país, según informó Semana.
Entre los puntos que el despacho judicial solicitó esclarecer destaca la permanencia de Murcia Guzmán en la cárcel de Valledupar, conocida como Tramacúa, a donde fue trasladado en abril de 2019 tras ser deportado de Estados Unidos. El juzgado pidió de manera expresa que el Consejo Superior de la Judicatura habilite de inmediato medios para trasladar físicamente el expediente penal desde Valledupar hasta la capital, y que se informe detalladamente sobre esta gestión, consigna el auto al que tuvo acceso el medio citado.
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En términos procesales recientes, la defensa de Murcia Guzmán introdujo el 21 de abril de 2026 una solicitud ante la justicia colombiana para el “reconocimiento de sentencia extranjera”, refiriéndose a los nueve años de prisión purgados en Estados Unidos desde su extradición en 2010, luego de aceptar los cargos que motivaron su traslado.
Con base en dicho cómputo, los abogados argumentaron la procedencia de la denominada “extinción de la pena y libertad inmediata”, justificando que la permanencia actual de Murcia Guzmán en la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumple una condena de 22 años, debería ser revisada. La Corte Suprema de Justicia confirmó la sanción por los delitos de captación masiva ilegal y lavado de activos.
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Cabe recordar que el proceso contra Murcia Guzmán involucra múltiples episodios judiciales: desde 2022 presentó al menos seis peticiones formales de libertad ante el juzgado encargado, con fechas registradas el 19 de septiembre de 2022, 29 de mayo de 2023, 8 de diciembre de 2025, 9 de febrero, 9 y 20 de marzo, y 23 de abril de 2026, según el registro judicial citado por Semana.

En cada una, el argumento principal ha sido la doble persecución penal, pues Murcia Guzmán sostiene haber sido condenado dos veces por los mismos hechos, lo que contraviene principios constitucionales y legales en Colombia.
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A lo largo de los 17 años que lleva privado de libertad, Murcia Guzmán ha recurrido a diversos mecanismos para buscar una salida jurídica a su situación. Además de las acciones ante la justicia, ha dirigido cartas al Gobierno Petro solicitando “indulto” e incluso planteando su disponibilidad para ser designado gestor de paz.
En una de sus comunicaciones más recientes, dirigida en octubre de 2025 al presidente Gustavo Petro, el propio Murcia Guzmán afirmó que durante su proceso legal hubo versiones falsas sobre delitos que cometió. Incluso, sostuvo que lo relacionaron con grupos guerrilleros y paramilitares cuando, según él, las autoridades demostraron la no existencia de vínculos entre las partes.
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“Fui perseguido, acusado de lavar dinero a la guerrilla colombiana, a narcotraficantes, a paramilitares y otras calumnias, pero finalmente, no tenía ninguna prueba para ello, porque no era verdad. Me acusaron de captación ilegal masiva de dinero, como delito subyacente, desconociendo que los clientes tarjetahabientes hacían sus recargas como ‘anticipo de compra de bienes, productos o servicios’”, expone el documento.
La nueva fase de recopilación probatoria ordenada por el juzgado es crucial para resolver la postura de la justicia colombiana respecto a la situación carcelaria de uno de los protagonistas más reconocidos en delitos financieros del país.
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Con la decisión del juzgado, el empresario colombiano espera recuperar su libertad tras varios intentos insatisfactorios.
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