Cómo se descubrió la operación de La Mandinga, la mina de oro ubicada cerca a una base militar en Antioquia: el fotógrafo Federico Ríos contó detalles de la investigación

El fotógrafo documental colombiano Federico Ríos Escobar, colaborador habitual de The New York Times y testigo directo de la realidad en las regiones más apartadas del país, compartió detalles inéditos de la investigación que dio origen al reportaje Cartel gold, sold as ‘American’ (Oro de Cartel, vendido como «americano»), publicado en la edición impresa del periódico estadounidense el martes 28 de abril de 2026.

En conversación con la periodista María Jimena Duzán para el videopódcast A fondo, Ríos detalló el proceso de reportería, los riesgos enfrentados y el impacto global del tráfico de oro ilegal colombiano, que termina en monedas oficiales de Estados Unidos.

Según explicó el fotógrafo caldense a Duzán, la investigación comenzó con la inquietud de rastrear el destino del oro extraído de territorios históricamente controlados por grupos armados en Colombia, y uno de ellos terminó siendo mencionado, y que de paso generó polémica en el país: el Clan del Golfo (ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

“Había una sospecha clara en las regiones mineras de Antioquia, especialmente Caucasia, sobre cómo el Clan del Golfo no solo controla la extracción, sino que también regula toda la cadena de valor del oro”, relató Ríos.

“En el terreno, los mineros saben que cada gramo tiene dueño antes de salir de la tierra. El clan cobra cuotas y supervisa cada operación”, puntualizó el freelancer.

El proceso de reportería llevó a Ríos y el equipo de The New York Times a visitar minas como La Mandinga y a documentar la forma en que el oro ilegal es comercializado.

“Lo que vimos es una economía ilegal completamente normalizada. Tiendas locales, comerciantes que compran oro a sabiendas de su origen y empresas exportadoras que lo mezclan con oro legal antes de enviarlo al exterior”, explicó el oriundo de Manizales, y ante la dificultad de diferenciar entre lo legal y lo ilegal en el terreno.

El viaje del oro: de Colombia a Estados Unidos

Ríos narró que el oro extraído de forma ilícita es vendido por mineros informales y comerciantes locales a empresas exportadoras, algunas de ellas de propiedad estatal.

“Estas empresas, en muchos casos, funden el oro y lo mezclan con suministros legales. Así, el oro pierde su rastro y se convierte en un lingote sin pasado”, dijo.

Además, los registros de exportación revisados por el equipo periodístico del diario norteamericano demuestran que lingotes valorados en cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año (2025).

En Estados Unidos, el oro llega a refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro de otros países sudamericanos.

En esta parte del procedimiento Ríos aseveró: “Hablamos con directivos de estas refinerías y admitieron que, una vez mezclado, el oro se considera ‘estadounidense’. Legalmente, todo está en regla, pero el origen real se pierde para siempre”.

Ríos destacó una declaración clave de uno de los ejecutivos: “El director de Dillon Gage nos dijo que sus clientes saben que el oro tiene múltiples fuentes, pero que la documentación y las prácticas de refinación lo vuelven indistinguible”.

Monedas oficiales con oro de origen criminal: la realidad desde La Mandinga

El reportaje detalla cómo dos de los proveedores habituales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) obtienen parte de su oro de Dillon Gage y otra refinería, Asahi USA, en Salt Lake City (Utah).

Ambas admiten mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia, según lo que detalló el informe periodístico en la edición impresa de The New York Times.

“Descubrimos documentos y testimonios que demuestran que el oro ilegal colombiano no solo entra a Estados Unidos, sino que termina en monedas como la American Eagle, que se venden como símbolo de pureza y origen nacional”, explicó Ríos en la entrevista.

El fotógrafo hizo hincapié en una parte de la charla con Duzán sobre la dimensión global del fenómeno.

Al respecto, Ríos menciona que “la Casa de la Moneda reconoce que el oro es ‘principalmente’ estadounidense, pero nuestros hallazgos muestran que también incluye material de minas controladas por grupos armados en Colombia, casas de empeño en México y Perú, e incluso minas africanas con participación estatal china”.

La investigación fue posible por el trabajo conjunto de periodistas y documentalistas que lograron acceso a documentos, entrevistas y testimonios en Colombia y Estados Unidos.

“El gran hallazgo es cómo el sistema está diseñado para borrar el pasado del oro. Hay una prohibición legal en EE. UU. desde 1985 para fabricar lingotes con oro extranjero, pero la mezcla y las lagunas en la trazabilidad permiten que el oro ilegal se legalice”, expuso Ríos.

Las consecuencias ambientales y sociales en Colombia

“La minería ilegal destruye selvas, contamina fuentes de agua y financia a organizaciones criminales”, advirtió Ríos, que documentó cómo el Clan del Golfo mantiene el control territorial y económico de la extracción.

“El oro que termina en monedas estadounidenses no solo viola leyes ambientales y laborales, también financia actividades criminales y perpetúa la violencia en regiones como Caucasia”, una subregión situada en el Bajo Cauca antioqueño (al noroccidente de Colombia).

El precio internacional del oro, que ronda los 5.000 dólares la onza, incentiva la extracción y el tráfico ilegal, y con ello favorece a redes que se extienden desde las minas hasta los mercados financieros globales.

Para el fotógrafo documental, “la demanda internacional y la impunidad en la cadena de suministro hacen que el problema siga creciendo”.

El llamado a la responsabilidad y a pensar en el impacto al medio ambiente

En la conversación, Ríos puntualizó la necesidad de mayor control y transparencia en la cadena de suministro del oro.

“La responsabilidad no es solo de los mineros o traficantes, sino también de quienes compran y procesan el oro a nivel global. Los consumidores e inversionistas deben exigir trazabilidad real”, concluyó.