Nicolás Petro responsabilizó a la fiscal Laborde por su seguridad y la de su familia tras la información revelada en la última audiencia en su contra

La intervención de la fiscal Lucy Marcela Laborde, tercera delegada para el lavado de activos, derivó en una solicitud de cinco días de arresto para el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro y su abogado, justificando la medida en la ausencia reiterada de ambos en las audiencias programadas e incluyendo como evidencia publicaciones desde redes sociales de Laura Ojeda, esposa de Petro, en las que se observa su presencia reciente en Cartagena y Santa Marta.

Tras conocerse esos argumentos, el hijo del presidente Gustavo Petro cuestionó el proceder de la fiscal y la expuso como responsable de cualquier situación crítica que pudiera afectar a su familia.

Mediante un mensaje publicado en X, Nicolás Petro manifestó: “He asistido a todas las audiencias que se han realizado, presenciales y virtuales. Públicamente la Fiscal reveló sitios que frecuentó con mi familia. ¿Hay un seguimiento ilegal? Si algo me llega a pasar a mí, a Laura y a mi bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”.

Fiscalía pidió arrestar a Nicolás Petro por no asistir a audiencia presenciales

El proceso judicial contra Nicolás Petro sumó un nuevo capítulo en Barranquilla con la reanudación de la audiencia preparatoria el lunes 27 de abril. La sesión estuvo marcada por la exigencia de la Fiscalía de que el exdiputado comparezca de manera presencial y por la solicitud de una sanción de arresto tanto para él como para su abogado.

La fiscal tercera delegada para el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, fundamentó su pedido en pruebas obtenidas de redes sociales y registros oficiales. Según expuso, publicaciones recientes de Laura Ojeda, actual esposa de Petro, muestran que el acusado ha viajado a ciudades como Cartagena y Santa Marta, contradiciendo sus argumentos de imposibilidad de movimiento por motivos de seguridad y restricciones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton del Tesoro de Estados Unidos.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó imágenes y registros que, según la delegada, demuestran los desplazamientos de Petro dentro del país. El Club Naval de Cartagena confirmó seis ingresos del exdiputado, incluso después de su inclusión en la lista OFAC. Además, se presentó una fotografía familiar publicada por Ojeda el 30 de enero de 2026 en el Caribe como respaldo adicional.

La fiscal Laborde fue tajante al solicitar la sanción: “Da origen a la ejecución inmediata de la sanción sin que contra ella recurso alguno, teniendo en cuenta esta exposición y los elementos allegados al correo electrónico del despacho”. Insistió en que Petro “ha desobedecido órdenes impartidas por su despacho”, por lo que pidió arresto conmutable hasta por cinco días, conforme al artículo 143.

El argumento central de la defensa de Petro ha sido su supuesta imposibilidad de trasladarse a Barranquilla, atribuyéndola a la mencionada lista de sanciones estadounidenses y a riesgos de seguridad personal. Sin embargo, la Fiscalía recalcó que publicaciones fechadas el 28 de octubre y el 14 y 15 de diciembre de 2025, junto a seguimientos de bases de datos públicos, evidencian que el procesado sí ha realizado desplazamientos recientes.

La controversia no solo abarca al exdiputado. La fiscal solicitó que la sanción también recaiga sobre su abogado, debido a que fue la defensa quien formalizó la petición ante el despacho judicial alegando la imposibilidad de viajar.

En la sesión, el juez Hugo Carbonó aclaró que la petición de arresto constituye un incidente de medidas correccionales, que deberá tramitarse por escrito y no en el marco de la audiencia. El magistrado ordenó a la Fiscalía formalizar su solicitud para que, una vez trasladada a las partes, se resuelva la imposición de la medida.

El núcleo del conflicto gira en torno a la obligación de comparecencia presencial de Nicolás Petro en el proceso penal que enfrenta y a la validez de sus justificaciones para no asistir. Según la Fiscalía, las pruebas de sus movimientos en el territorio nacional desmienten la versión presentada ante el juez y abren la puerta a sanciones disciplinarias y correccionales.