El debate político entre el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el senador Jota Pe Hernández alcanzó un nuevo nivel de confrontación en redes sociales.
A través de la plataforma X, el domingo 26 de abril de 2026, el senador de Alianza Verde dirigió un mensaje directo a Sanguino, a quien notificó sobre una citación de la Fiscalía para este martes, 28 de abril de 2026, a las 9:00 a. m. que, según sus palabras, “le pruebe a la justicia si él (Jota Pe Hernández) cometió el delito de traición a la patria al solicitar a Estados Unidos que se investigara a Gustavo Petro”.
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El legislador insistió en que Sanguino debía presentarse ante las autoridades y agregó: “Espero que no sea cobarde y asista”.
La disputa pública se originó en una denuncia penal presentada por Sanguino, quien acusa a Hernández de “traición a la patria” por solicitar una investigación internacional contra el presidente Gustavo Petro.
El ministro, en una serie de publicaciones, enfatizó que un parlamentario “debe saber cosas elementales” relacionadas con el ámbito legal y cuestionó los procedimientos seguidos por su contraparte.
“Una denuncia penal por traición a la patria interpuesta por mí en su contra, no se responde con una denuncia suya por calumnia”, escribió el ministro, subrayando que solo la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer el caso debido al fuero parlamentario del senador.
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Sanguino también aclaró que, como ministro, goza de fuero y únicamente puede ser investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Criticó a Hernández por presentar la queja ante una instancia que, según explicó, carece de autoridad para tramitar el proceso.
“Interpuso usted la denuncia en el sitio equivocado y quien me cita para tramitar una conciliación con usted no es competente para ello”, precisó. De igual manera, el ministro acusó a Hernández de manipular y mentir al afirmar que debía responder ante la justicia, cuando la citación recibida era solo para explorar una conciliación, algo que Sanguino descartó tajantemente.
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“Por supuesto no estoy dispuesto a aceptar. Me ratifico en mi denuncia penal en su contra por traición a la patria”, puntualizó.
En un segundo mensaje emitido el 28 de abril de 2026, Sanguino reiteró que no comparecería ante la Fiscalía local señalada por Hernández, argumentando la incompetencia de esa instancia. De forma irónica, añadió: “Ahh… y no sabía que en sus muchos ratos libres se ocupaba como notificador judicial”.
En el mismo trino, el ministro insistió en que “para legislar, lo primero que debería hacer es conocer las leyes”. Además, informó que un fiscal validó su postura y desestimó la citación tramitada por el senador, dado que “soy aforado”.
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Sanguino concluyó que el proceso debe continuar en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde ratificará su acusación. “Nos veremos en la Fiscalía Delegada ante la Corte para reafirmarle que lo he denunciado por traición a la patria. Es usted un traidor a Colombia”, sentenció el titular de la cartera laboral.
Así comenzó la pugna judicial entre Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino
El cruce judicial entre el senador Jota Pe Hernández y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, comenzó después de que el congresista solicitara a autoridades estadounidenses investigar al presidente Gustavo Petro. Esta petición llevó a Sanguino a interponer, en enero de 2026, una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.
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Con la citación de la Fiscalía en mano, el senador pidió a Antonio Sanguino que se presente y sustente sus afirmaciones - crédito @JotaPeHernadez/X
El ministro sostuvo que “pedir intervención extranjera sobre un jefe de Estado colombiano afecta la soberanía” y advirtió sobre posibles delitos como menoscabo de la integridad nacional y hostilidad contra el orden constitucional.
En respuesta, Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía, acusando a Sanguino de injuria y calumnia. El legislador argumentó que las imputaciones carecen de sustento y constituyen “una falsa denuncia”, señalando además un presunto uso instrumental de la justicia para perjudicarlo políticamente.
Ahora, corresponde a la Fiscalía determinar si los señalamientos formulados por ambas partes tienen base o si, por el contrario, Sanguino habría incurrido en un exceso en su proceder ante las instancias judiciales.
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