Gustavo Petro acusó a los banqueros de “robo” por demanda que busca frenar traslado de $25 billones a Colpensiones

El presidente Gustavo Petro encendió nuevamente la polémica en torno al sistema pensional colombiano al acusar a los fondos privados y al sector financiero de intentar bloquear el traslado de cerca de 25 billones de pesos hacia Colpensiones, en el marco de la implementación del nuevo esquema de transición del sistema.

El pronunciamiento del mandatario se dio a través de su cuenta oficial, donde cuestionó la demanda presentada por varias administradoras de fondos de pensiones (AFP) ante el Consejo de Estado.

En dicha acción judicial, las entidades solicitan suspender la aplicación del Decreto 0415 de 2026 del Ministerio de Trabajo, que ordena el traslado de recursos de afiliados que migraron del régimen privado al público.

En su mensaje, Petro afirmó que la negativa de algunos actores del sistema financiero a entregar los recursos de los trabajadores constituye “un verdadero robo”.

Según el presidente, se trata de ahorros que pertenecen a ciudadanos que decidieron voluntariamente trasladarse a Colpensiones y que ya cumplen con los requisitos para acceder a su pensión bajo la ley vigente.

“Los banqueros se están robando los dineros de los trabajadores”, aseguró el jefe de Estado, en un nuevo señalamiento directo al sector financiero.

El conflicto gira en torno a la ejecución del decreto que regula el traslado de los ahorros pensionales. Según el Gobierno, la medida busca consolidar los recursos de los afiliados que optaron por el régimen público, mediante operaciones con instrumentos financieros y sin movimientos en efectivo.

El objetivo, de acuerdo con la administración, es fortalecer la sostenibilidad del sistema y reducir presiones fiscales en el mediano plazo.

El proceso afecta a cerca de 120 mil trabajadores, entre ellos más de 22 mil pensionados y alrededor de 19 mil afiliados activos que cambiaron de régimen.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los recursos de los pensionados deben trasladarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, mientras que los de los trabajadores activos se dividen en dos fases de entrega escalonada.

El presidente del fondo público, Jaime Dussán, ha señalado que este movimiento representa uno de los mayores traslados de recursos en la historia del sistema pensional colombiano, incluso superior al registrado en 2025, cuando se movilizaron cerca de 16 billones de pesos.

Según explicó, la meta del Gobierno es incorporar entre siete y ocho millones de nuevos cotizantes en los próximos cinco años, lo que permitiría reducir el déficit fiscal del sistema.

El decreto también establece que las administradoras de fondos de pensiones deben realizar la transferencia mediante títulos y valores debidamente endosados, en lugar de efectivo. En caso de incumplimiento, el Gobierno advierte que se activarán mecanismos judiciales que podrían incluir embargos, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera.

Sin embargo, las AFP Skandia, Colfondos, Protección y Porvenir presentaron una demanda ante el Consejo de Estado en la que solicitan suspender la medida.

Argumentan que el decreto vulnera la normatividad vigente, ya que los recursos deberían permanecer bajo su administración hasta el momento de la jubilación de cada afiliado.

Según su postura, el traslado inmediato convierte los ahorros en gasto corriente del sistema público, lo que podría incrementar el pasivo pensional del Estado en más de 43 billones de pesos.

Las administradoras también advierten que la medida podría afectar la sostenibilidad del sistema y debilitar la reserva de ahorro acumulada por los trabajadores durante años de cotización.

En su criterio, el modelo propuesto altera la naturaleza del ahorro individual y genera incertidumbre jurídica sobre la administración de los recursos.

El debate ha escalado al terreno político y jurídico, mientras el Consejo de Estado evalúa la solicitud de suspensión. Paralelamente, la Superintendencia Financiera vigila la ejecución del proceso y podría intervenir en caso de incumplimientos.

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la medida y cuestionó a los fondos privados, asegurando que buscan mantener el control de los recursos de los trabajadores.

Según dijo, los ahorros de quienes se trasladaron a Colpensiones deben ser administrados por el sistema público, en beneficio de su pensión futura.

Por su parte, el Gobierno sostiene que el nuevo modelo pensional, aunque parcialmente suspendido por la Corte Constitucional, mantiene vigentes los mecanismos de transición y traslado de recursos. El proceso, aseguran, hace parte de una reforma estructural orientada a ampliar la cobertura del sistema.

La disputa entre el Ejecutivo y el sector financiero continúa abierta y ha profundizado la discusión sobre el futuro del sistema pensional en Colombia. Con decisiones judiciales pendientes, el traslado de los 25 billones de pesos se mantiene en el centro del debate político, económico y legal del país.