Tras las denuncias de Angie Rodríguez, el candidato presidencial Mauricio Lizcano criticó al Gobierno Petro: “La Casa de Nariño parece más bien la casa del terror”

La denuncia pública de la exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, desató una fuerte tormenta política en Colombia tras asegurar que dentro del gobierno de Gustavo Petro operaría una supuesta red delictiva integrada por al menos 20 personas con poder en la Casa de Nariño.

La gravedad de los señalamientos ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento interno del Ejecutivo y ha abierto un nuevo frente de crisis política en medio de crecientes cuestionamientos institucionales.

Las declaraciones provocaron inmediatas reacciones en el escenario político. El candidato presidencial Mauricio Lizcano fue uno de los más contundentes al afirmar: “La Casa de Nariño parece más bien la casa del terror. Las declaraciones de Angie Rodríguez son verdaderamente escandalosas. Lo que sucede con Juliana Guerrero, la cantidad de corrupción que ella denuncia, la sed de poder de muchos de los funcionarios, las decisiones del presidente, incluso en contra de las alertas que hace Angie de títulos falsos. Todo es verdaderamente aberrante. Esto no lo podemos permitir. Esto verdaderamente tiene que cambiar”.

En sus entrevistas con Semana y Noticias Caracol, Rodríguez aseguró que la crisis se desató luego de cuestionar el nombramiento de Juliana Guerrero, a quien señaló de no cumplir requisitos para ejercer como viceministra de la Juventud. Según su testimonio, desde entonces fue víctima de una persecución que habría incluido espionaje, hostigamientos y presiones internas.

“La tormenta inicia cuando denuncio a la señora Juliana Guerrero”, afirmó, al tiempo que sostuvo que su vida laboral fue afectada con la presunta usurpación de funciones y restricciones para ejercer su cargo.

Rodríguez también indicó que desde el año pasado ha sido objeto de ataques constantes, mencionando incluso supuestos episodios de extorsión.

Además, evitó profundizar en las razones del rápido ascenso de Guerrero dentro del Gobierno, limitándose a señalar que se trata de un tema “demasiado delicado, demasiado grave”, aunque aseguró que dicha funcionaria “maneja poder en muchas entidades”.

También afirmó que entregó evidencias y mensajes que, según dijo, respaldarían sus denuncias y que habrían sido conocidos por otras autoridades.

Las denuncias generaron respuestas divididas. El senador Jota Pe Hernández enfatizó en los señalamientos de Rodríguez y su silencio frente a la relación con el presidente: “Angie dice que Juliana Guerrero tiene vínculos con el ELN y que maneja el poder en Casa de Nariño. Preguntan cómo logró tanto poder y qué relación tiene con Petro. Angie hace silencio. Hay preguntas que con solo el silencio se obtiene respuesta”.

Por su parte, el abogado y exprecandidato presidencial Alí Bantú Ashanti pidió la salida de la funcionaria: “Señor presidente, respetuosamente le solicitamos retirar del cargo a la señora Angie Rodríguez. Sus declaraciones no solo son deslealtad a su confianza, también ponen en riesgo la vida de muchas personas. Sus afirmaciones son delirantemente irresponsables”.

Desde el ámbito periodístico, Hassan Nassar subrayó la gravedad institucional del caso al recordar el alcance del cargo que ocupó Rodríguez: “El director administrativo de la presidencia es como la torre de control del gobierno. Es quien supervisa todo desde la presidencia. Una persona que ocupó ese cargo hoy está prófuga por corrupción y la otra está diciendo que hay una lucha por el poder y el dinero en el gobierno”.

Finalmente, la congresista Lina María Garrido cuestionó la falta de acciones judiciales: “Cuando se es funcionario público, se delinque tanto por hacer como por tapar. Cualquier ciudadano con esas declaraciones enfrentaría procesos ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría”.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, mientras crecen las presiones para que se adelanten investigaciones que esclarezcan el alcance de lo denunciado y sus posibles implicaciones dentro del Gobierno nacional.

Entretanto, distintos sectores insisten en la necesidad de que los organismos de control actúen con celeridad para verificar la veracidad de los hechos y determinar responsabilidades, en un caso que ya marca la agenda política del país.