La exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nova compareció el miércoles 22 de abril de 2026 ante el Consejo de Estado en Bogotá, en el marco del proceso de pérdida de investidura del senador y expresidente del Senado Iván Name, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (Ungrd).
Según informó Semana, la audiencia reviste especial relevancia por la gravedad de las acusaciones y su repercusión en el ámbito político colombiano.
Ortiz Nova fue llamada para explicar los hechos investigados relacionados con supuestas entregas de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, con el propósito de influir en la dinámica legislativa a favor del Gobierno.
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La investigación analiza las presuntas irregularidades cometidas en la UNGRD en octubre de 2023, cuando altos funcionarios habrían impulsado un esquema destinado a agilizar la aprobación de iniciativas prioritarias del Ejecutivo. El Consejo de Estado debe establecer si Name incurrió en tráfico de influencias y las eventuales consecuencias legales derivadas.
Acusaciones sobre entrega de dinero y actores implicados
De acuerdo con documentos judiciales citados por Semana, a mediados de octubre de 2023 se estructuró un plan para transferir 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name.
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El origen de la orden fue atribuido a Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
González Merchán habría solicitado la colaboración del director de la UNGRD, Olmedo López, y del subdirector, Sneyder Pinilla, con la finalidad de organizar la entrega de los recursos.
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El objetivo era que Name, líder de la corporación, utilizara sus facultades para acelerar la tramitación de proyectos en los que el Gobierno tenía especial interés.
Según el expediente, Name estaría implicado al facilitar el acceso de Ortiz Nova como intermediaria para recibir los fondos de López y Pinilla. Todo esto, según constató Semana, habría formado parte de un esquema destinado a manipular el avance de los debates legislativos en el Congreso.
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Juicio y cargos contra Iván Name
La demanda interpone la llamada “muerte política” del senador, al alegar que puso un precio a sus funciones constitucionales. El documento sostiene que Name ejerció presión sobre Ortiz Nova para recibir el monto de $3.000.000.000, configurando así un supuesto tráfico de influencias.
Los hechos expuestos en la demanda detallan el presunto papel del senador en canalizar los recursos a cambio de su respaldo a iniciativas clave del Gobierno. El proceso ante el Consejo de Estado reúne testimonios y pruebas recopiladas en la etapa investigativa.
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Semana señala que se investiga también la participación de otros funcionarios de alto rango, así como el empleo de canales institucionales para ejecutar el pago, lo que podría suponer el uso indebido del cargo y delitos asociados a la función pública.
Estado actual de Iván Name y repercusiones políticas
Durante los hechos bajo investigación, Iván Name ejercía como presidente del Senado, con la facultad exclusiva de convocar sesiones y definir votaciones de alto impacto para la agenda legislativa.
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Actualmente, el senador permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, tras la orden de detención emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde mayo de 2025.
Esta situación ha encendido el debate sobre la transparencia en el Congreso y ha generado interrogantes sobre las implicaciones para el partido Alianza Verde. La investigación continúa abierta mientras las autoridades evalúan el daño ocasionado a la Ungrd y al proceso legislativo nacional.
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La comparecencia de Sandra Ortiz Nova y el desarrollo del juicio contra Iván Name mantienen la atención pública, reforzando el escrutinio del sistema judicial y político colombiano.
El congresista afronta actualmente graves acusaciones derivadas de conductas vinculadas con supuestos actos de corrupción mientras desempeñaba funciones de primera línea en el Legislativo.
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