Gobierno prepara proyecto para regular nuevos topes salariales de docentes universitarios en instituciones públicas

El Ministerio de Educación Nacional anunció la presentación de un proyecto de decreto que fijará los topes salariales para docentes de universidades públicas. La medida busca corregir vacíos normativos, garantizar mayor equidad y fortalecer la transparencia en el sistema de educación superior.

El anuncio se presentó en un contexto de tensiones internas, como las que vive la Universidad de Sucre e involucra a toda la comunidad académica del país. La cartera educativa detalló que la nueva normativa actualizará lo dispuesto en el Decreto 1279 de 2002, el cual estableció los factores para el cálculo del salario docente en universidades estatales, pero no definió límites claros en la asignación de puntos salariales.

Dicho vacío, según el ministerio, permitió que en la última década, un sector minoritario de docentes escalafonados incrementara de manera significativa su asignación salarial. El proyecto de decreto establecerá topes diferenciados según categorías docentes, reconocerá derechos adquiridos y precisará reglas para el funcionamiento de los consejos superiores y comités internos de asignación de puntajes.

El Decreto 1279 de 2002 asignó puntos salariales por títulos universitarios, escalafón, experiencia, productividad académica y actividades administrativas. Por ejemplo, un doctorado puede sumar hasta 120 puntos, mientras que la categoría de profesor titular otorga 96 puntos adicionales. Estas reglas, sin embargo, permitieron interpretaciones diversas sobre los límites máximos, abriendo la puerta a aumentos acumulativos en algunos casos.

A raíz de dichos vacíos, el Ministerio de Educación reconoció que “una minoría de docentes de planta escalafonados, pero que en la última década viene creciendo de manera exponencial, han logrado incrementar su asignación salarial. Cuestión que pone en evidencia un problema no legal sino ético por parte de ese grupo de docentes, que han impuesto su beneficio personal sobre el interés colectivo”.

Inspección, vigilancia y situación en la Universidad de Sucre

En paralelo al anuncio normativo, la entidad mantiene un seguimiento activo sobre la Universidad de Sucre, donde la comunidad académica atraviesa un periodo de tensión. La cartera educativa informó que la información recibida durante los procesos de inspección y vigilancia es de carácter reservado y no ha sido divulgada. La aclaración surgió en respuesta a preocupaciones por la circulación de datos sensibles relacionados con salarios y puntos docentes, lo que algunos profesores interpretaron como represalia frente a la movilización docente.

Acto seguido, el ministerio realizó una visita preventiva y focalizada en la Universidad de Sucre los días 3 y 4 de marzo de 2026. Durante ese proceso, se recibió documentación sobre salarios y puntos docentes, y se formularon requerimientos adicionales para profundizar el análisis y asegurar la transparencia. La entidad recalcó que “los planes de visita, los requerimientos y las respuestas de las instituciones se manejan bajo estrictos criterios de confidencialidad, como garantía para proteger la integridad de las actuaciones y evitar interferencias externas”.

Diálogo y acompañamiento institucional

La situación en la Universidad de Sucre se desarrolló en el escenario de una asamblea permanente del profesorado, que ya tenía una agenda de inquietudes laborales, administrativas y académicas. El ministerio reiteró su disposición a facilitar el diálogo y restaurar condiciones de calidad y continuidad en la educación pública. Durante la tercera semana de abril, se anunció la instalación de una mesa de diálogo el viernes, con la participación de docentes, administrativos, estudiantes y autoridades universitarias, con la Subdirección de Inspección y Vigilancia como garante del proceso.

El ministro Daniel Rojas Medellín comentó que: “El ministerio actúa con rigor técnico, respeto por la autonomía universitaria y un compromiso firme con la transparencia. Nuestro propósito es garantizar que la educación superior pública funcione con criterios de equidad, responsabilidad y de cara al país”.

La cartera enfatizó que “rechazamos enfáticamente cualquier actuación o intimidación que se tenga para con el personal docente, administrativo, académico, estudiante o cualquier actor institucional de las universidades. Asimismo, también rechazamos cualquier filtración de información que contenga datos sensibles de esta misma comunidad académica”.

Proceso participativo y revisión normativa

Desde 2024, la entidad ha adelantado mesas de trabajo con actores del sector educativo para diseñar el nuevo marco normativo. El proyecto de decreto será publicado para observaciones de la ciudadanía y busca definir con precisión los topes salariales por categorías, reconocer derechos adquiridos y clarificar las competencias de los órganos universitarios en la asignación de puntos.

El Ministerio de Educación Nacional señaló que el proceso de revisión responde tanto a la necesidad de corregir falencias históricas como a la exigencia de responsabilidad institucional en la administración de recursos públicos. “Nuestro objetivo es que la educación superior pública avance con criterios de equidad, sostenibilidad y transparencia en beneficio de la comunidad académica y del país”, indicó la entidad.