El presidente Gustavo Petro advirtió que el salario mínimo en Colombia podría aumentar de nuevo si el Banco de la República persiste en subir las tasas de interés (11,25%). El mandatario justificó su postura al apelar a un texto de la Constitución Política de Colombia, que exige un salario “vital y móvil”.
Petro afirmó, durante el Consejo de Ministros del 21 de abril de 2026 que, “si en la Junta siguen esa tontería, pues subimos otra vez el salario”. Rechazó que los incrementos salariales sean los responsables principales del alza inflacionaria y sostuvo que “el salario vital no está creando la inflación”.
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Según el jefe de Estado, el incremento de la inflación en marzo (5,56% anual según el Dane), obedece al comportamiento de empresas del sector energético, como Enel y Urra. Señaló que la especulación con los precios de la energía eléctrica y el uso del agua para generación encareció los costos a los consumidores. Además, sugirió vínculos entre ejecutivos de Urra y figuras políticas, alimentando la discusión sobre el papel de las empresas en la economía.

Reacciones políticas a la advertencia de Petro
Por supuesto, las afirmaciones del presidente generaron reacciones. La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, criticó con dureza la postura del Ejecutivo y manifestó que “este gobierno está tan desesperado y es tan irresponsable, que no es raro que sea capaz de subir nuevamente el salario mínimo antes de elecciones para tapar sus escándalos y romper el techo de 37% de Cepeda”.
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Las objeciones de la congresista reflejan preocupación por el posible uso electoral del alza salarial y plantean dudas sobre su impacto en la estabilidad económica y la confianza de los mercados.
Qué dicen las empresas sobre un nuevo aumento del salario mínimo
El sector privado expresó inquietud tras los anuncios. La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, defendió la autonomía institucional y advirtió sobre los riesgos de condicionar la política monetaria.

“La autonomía del Banco de la República y el respeto al marco legal para fijar el salario mínimo no son opcionales, son pilares constitucionales fundamentales para garantizar la estabilidad económica. Por ello, preocupan profundamente recientes planteamientos que los ponen en riesgo y que envían una señal indebida de presión sobre la institucionalidad”, expresó por medio de X.
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Recalcó que la política monetaria debe ejecutarse con plena independencia. Resaltó que “la política monetaria responde al mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y debe ejercerse con plena autonomía, libre de interferencias. Cualquier intento de condicionarla o presionarla vulnera ese diseño”.
Asimismo, explicó que “la fijación del salario mínimo está regulada por criterios técnicos, tales como productividad, inflación y empleo”.

Gutiérrez mencionó la inquietud por el tamaño de los incrementos recientes, cercanos al 23%, y su correspondencia con la productividad y el empleo formal. Sostuvo que insistir en esa lógica, sin un sustento técnico sólido, amplifica los riesgos económicos.
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Proyecciones para la inflación en 2026
En cuanto a los escenarios futuros, la presidenta recordó que los centros de pensamiento modificaron sus proyecciones de inflación de 2026 ante el aumento del salario mínimo:
- Anif: 6,0%.
- Fedesarrollo: 6,2%.
- Corficolombiana: 6,5%.
Las expectativas previas que estaban entre 4,3% y 5,0%. Fedesarrollo estima además una pérdida de hasta 600.000 empleos formales.

Respecto al impacto en pensiones, indicó que “se calcula que 15.000 personas vieron postergado su derecho pensional al no alcanzar el nuevo umbral de capital producto del incremento del salario del 2026, derivando en un incremento de las devoluciones de saldos. Un nuevo aumento empeoraría esta cifra, llevando a que menos colombianos puedan pensionarse”.
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Riesgos para la autonomía y la estabilidad económica
El debate trasciende el ámbito económico y alcanza la esfera institucional. Natalia Gutiérrez advirtió que los mensajes que presionan al Banco de la República deterioran la confianza, incrementan la percepción de riesgo y pueden impactar la inversión.
Como ejemplo, destacó la rebaja en la calificación crediticia nacional que hizo la agencia Standard & Poor’s, por lo que la asoció a la incertidumbre reflejada por el debate entre Gobierno y autoridad monetaria.
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