
La presentación de la obra El M-19, de la guerra a la política, escrita por Jaime Rafael Nieto López y que iba a contar con la participación del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez, estaba programada para las 5:00 p. m. del 21 de abril de 2026 en el hall central de la Biblioteca Pública Piloto, con entrada libre.
Pero, horas antes del evento, el alcalde Federico Gutiérrez anunció su suspensión y argumentó que “el M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”. Gutiérrez hizo referencia al Holocausto del Palacio de Justicia como uno de los episodios más recordados de la organización, según publicó en su cuenta de X.
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El funcionario también fundamentó su decisión en la protección de la memoria de las víctimas del conflicto armado y en la restricción que la Ley de Garantías impone sobre eventos con contenido político en espacios públicos durante periodos electorales.

“Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La @AlcaldiadeMed, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto (sic)”, expuso.
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La postura del alcalde de la capital del departamento de Antioquia está orientada a no romantizar la historia del M-19, que se gestó tras las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 en Colombia, motivado por denuncias de fraude contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Gutiérrez recordó que el grupo guerrillero fue responsable de actos contra los Derechos Humanos y protagonizó la toma del Palacio de Justicia.

“Por más que algunos quieran reescribir la historia de Colombia 🇨🇴, el M-19 fue un grupo terrorista. Asesinaron, secuestraron, extorsionaron, torturaron, son los responsables del Holocausto del Palacio de Justicia, y muchos otros delitos”, señaló.
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Y agregó: “Yo sí se de qué lado de la historia estoy. Y también tengo claro que estoy del lado de las víctimas y no de los victimarios”.
Para Gutiérrez, su decisión siguió un criterio administrativo y no constituyó censura: “Este era un evento abiertamente con fines políticos. Yo como alcalde tengo la obligación de hacer cumplir la Ley de Garantías. En ningún espacio público de la ciudad, que sea 100% público, se pueden realizar este tipo de eventos”, declaró en entrevista con Blu radio.
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El presidente Gustavo Petro confrontó públicamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la decisión de cancelar el lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto.Una medida sustentada por Gutiérrez en la presunta apología al terrorismo y en la regulación de actividades políticas durante el periodo de Ley de Garantías vigente por la campaña presidencial.
La respuesta de Petro a Federico Gutiérrez

Petro denunció el acto como un ejercicio de censura, comparándolo con episodios históricos de quema de libros y alertando sobre los riesgos para la libertad intelectual y de pensamiento.
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Además, defendió las políticas culturales de su gobierno y citó cifras concretas: “He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al ministerio de cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero colombianas y colombianos libres y libre pensadores”, publicó el presidente.
Sobre las críticas de Petro, Federico Gutiérrez sostuvo que el jefe de Estado intenta cambiar la historia con el fin de que los colombianos olviden los actos bárbaros del M-19.
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“Petro por más que trates de seguir reescribiendo la historia de Colombia 🇨🇴, el M-19, del que hiciste parte, fue un grupo terrorista que asesinaba, secuestraba y torturaba”, insistió el mandatario local.
La decisión de la Alcaldía fue ampliamente señalada en redes sociales como censura. La controversia se agudizó cuando se difundieron videos en los que Gestores de Convivencia, funcionarios civiles de la administración, golpeaban a civiles en una plaza pública ante la presencia de la Policía Nacional.
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Frente a esto, Gustavo Petro instruyó a la Policía Nacional para vigilar e impedir abusos de poder por parte de estos funcionarios e insistió en que “la ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”.
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