Las elecciones presidenciales en Colombia de 2026 evidencian un clima marcado por la presencia internacional y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad de los candidatos.
El despliegue de 86 funcionarios estadounidenses como “observadores no formales”, autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), representa uno de los elementos más destacados del proceso.
Esta medida, impulsada durante el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, busca reforzar la vigilancia y asegurar la transparencia del proceso, en medio de advertencias sobre posibles irregularidades y tensiones políticas.
La decisión de permitir la participación de observadores estadounidenses se produce mientras surgen alertas sobre la falta de garantías de seguridad para la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y persiste la controversia en torno a las condiciones para los debates que involucran al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.
Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social X para responder a los señalamientos sobre la imparcialidad del gobierno frente a la protección de los candidatos.
“Todos los candidatos son cuidados por el gobierno. Sectarismo cuando se mencionan dos candidaturas y no todas”, escribió el mandatario, negando cualquier trato preferencial o desprotección.
Petro también se refirió al papel de los observadores internacionales: “El presidente de los EEUU Donald Trump puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia, serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software”.
El jefe de Estado recalcó su compromiso con la integridad del proceso: “El pueblo votará en completa libertad como lo garantiza un demócrata en el gobierno”.
El mandatario contrastó la coyuntura actual con periodos anteriores de violencia electoral: “No volveremos a los tiempos donde el narcoparamilitarismo aliado con el estado a nivel local, controlaba a la población con fusiles y terror y dejaba por obligación a los votantes en sus casas en toque de queda, mientras los narcos armados llenaban los tarjetones con su candidato (sic)”.
La respuesta de Petro generó reacciones inmediatas. David Luna, exsenador y excandidato presidencial, contestó en X con una serie de precisiones y cuestionamientos. En primer lugar, Luna recordó el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay en 2025, sugiriendo que el gobierno ignoró advertencias sobre amenazas en su contra.
“Usted dice que su gobierno cuida a todos los candidatos, pero esta contienda electoral cobró la vida de Miguel Uribe porque usted decidió hacer caso omiso a las amenazas que fueron debidamente advertidas”, señaló.
El dirigente de oposición también citó informes de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) para advertir sobre la magnitud de la violencia e inseguridad en el país.
“Según la Defensoría del Pueblo más del 70% de los municipios tienen presencia de estructuras criminales y la MOE dice que por lo menos 170 tienen riesgos electorales por violencia. ¿Usted cree que eso es votar en libertad?”, cuestionó Luna, poniendo en duda la afirmación de Petro sobre la garantía de libertad en los comicios.
El exaspirante presidencial profundizó las críticas al mencionar presuntos vínculos entre integrantes del gobierno y figuras relacionadas con actividades ilícitas.
“Funcionarios de su gobierno, incluso usted mismo, han estado salpicados por vínculos con Calarcá, con Papá Pitufo, que financió su campaña, el ELN. Mi pregunta es ¿quién es el candidato de los narcotraficantes y los contrabandistas?”, expresó.
El excongresista acusó al gobierno de mantener a grupos criminales en libertad bajo la figura de “gestores de paz”, aseverando que esa política favorece la influencia de redes ilegales en la elección.
“Usted nos tiene acostumbrados a relatos vacíos, pero en el territorio nos tenemos que enfrentar a elecciones influenciadas por los grupos criminales, narcotraficantes y contrabandistas, a los cuales su gobierno mantiene en las calles, libres, porque son sus ‘gestores de paz’”, afirmó Luna.
El cruce de declaraciones evidencia el clima polarizado en la recta final hacia la jornada electoral. Mientras el Ejecutivo insiste en la existencia de condiciones para votar sin coacción, sectores opositores cuestionan la presencia de amenazas y denuncian falta de garantías.
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