Las denuncias por parte de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago sobre una posible injerencia política en cárceles colombianas han colocado en la agenda nacional la gestión penitenciaria y el rol de altos funcionarios. Sobre todo con la polémica fiesta vallenta llevada a cabo en el centro penitenciario de Itagüí, organizada por los mismos presos.
Según documentos publicados por Semana, Buitrago alertó al presidente Gustavo Petro sobre intervenciones indebidas de la senadora Isabel Cristina Zuleta y advirtió acerca de privilegios para capos en la cárcel de Itagüí.
La exministra presentó informes y pruebas que hoy forman parte de investigaciones judiciales. Además, renunció tras identificar injerencias políticas en varias prisiones colombianas y tras informar estas situaciones al presidente Gustavo Petro.
Comunicó en informes y reuniones que la senadora Isabel Cristina Zuleta habría ejecutado intervenciones indebidas, en especial en la cárcel de Itagüí, señalando además irregularidades que comprometerían el control carcelario.
Las pruebas aportadas por Buitrago fueron entregadas a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y alimentan las actuales investigaciones oficiales.
Motivos de la renuncia de la exministra
Ángela María Buitrago explicó a Semana que presentó un informe escrito sobre las injerencias ante la Presidencia en marzo. Explicó que “se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver”.
Posteriormente, en abril, mantuvo una conversación personal con el presidente en Acacías, Meta, donde reiteró las advertencias sobre la intervención de la senadora Zuleta en la administración penitenciaria.
Según declaró al medio citado, la exministra decidió dimitir en mayo al constatar que estas injerencias persistían y comprometían su capacidad de control sobre el sistema penitenciario.
La exministra recalcó que la situación requería preservar los protocolos de seguridad, ya que cualquier intervención externa podía afectar negativamente la gestión institucional.
Operativos y hallazgos del Inpec en la cárcel de Itagüí
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó varios operativos en la cárcel de Itagüí, donde permanecían capos que fungían como voceros de paz en conversaciones con el Gobierno Petro, pese a la falta de respaldo legal en la política de paz total.
Durante estas intervenciones, las autoridades reportaron la incautación de licor, cerveza, marihuana y cocaína.
Buitrago señaló al medio que la presión se intensificaba con cada uno de estos operativos. Indicó que “cada vez que se hacía un operativo, llegaba un mensaje señalando que se podía dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra de entonces”.
Debido a la complejidad operativa y las alertas por posibles privilegios, se reforzó la vigilancia, aunque la exministra reconoció la dificultad de mantener la disciplina carcelaria ante presiones de agentes políticos.
Las acusaciones y pruebas acumuladas por Ángela María Buitrago durante su gestión son actualmente parte de los expedientes que investigan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
Ambas instituciones analizan la posible responsabilidad de empleados públicos y personal penitenciario en la concesión de beneficios a detenidos de alto rango.
Las investigaciones también buscan delimitar el alcance de la intervención de la senadora Zuleta y las consecuencias institucionales de las presuntas omisiones. Todo el material recopilado por la exministra ha sido entregado a las autoridades de control.
Actualmente, la atención se centra en determinar si existieron mensajes, circulares o disposiciones que autorizaran los privilegios denunciados.
Buitrago dejó registro judicial de sus advertencias y la entrega formal de todas las pruebas relacionadas, lo que ha facilitado el avance de las investigaciones tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General de la Nación.
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