La Procuraduría General de la Nación asumió el control de la investigación disciplinaria sobre la polémica fiesta vallenata realizada el 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí (Antioquia).
En el evento participaron internos considerados de alta peligrosidad y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en medio de presuntas irregularidades operativas.
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La Procuraduría tomó la decisión de investigar directamente debido a la gravedad del caso y su impacto nacional. El objetivo es unificar el proceso, evitar investigaciones duplicadas y determinar la responsabilidad de once funcionarios del Inpec en el ingreso irregular de personas externas y en la organización de la fiesta, la cual afectó procesos de paz urbana y provocó medidas administrativas como traslados de internos y servidores públicos.
La fiesta fue celebrada en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, donde ingresaron varios hombres y mujeres junto con el cantante Nelson Velásquez.
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Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X
El acceso se habría realizado por las puertas principales y quedó registrado en cámaras de seguridad. Durante la celebración se consumió whisky, tequila y otras bebidas alcohólicas no permitidas, sin que existiera autorización oficial por parte de las directivas del penal.
Las autoridades identificaron a once funcionarios del Inpec involucrados en el ingreso irregular. Entre ellos figuran Fredy Antonio Ciprián Díaz, quien era el director encargado del establecimiento, además de Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jiménez Palencia y Heyler Antonio Fracica Sarmiento.
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La Procuraduría asumió la investigación el 13 de abril tras una inspección realizada en la sede regional noroeste, para garantizar la correcta conducción del proceso y evitar investigaciones paralelas, detalló el procurador regional Alejandro Henao Barrera.
Indagación disciplinaria de la Procuraduría tras el escándalo en Itagüí
En ejercicio de su poder preferente, la Procuraduría General de la Nación ordenó la remisión inmediata de los expedientes y documentos relacionados con el caso. El organismo busca determinar si existieron faltas disciplinarias por parte de los funcionarios del Inpec, en particular sobre la autorización del ingreso de externos y la realización de la fiesta en un área restringida del penal.
De acuerdo con El Tiempo, la indagación interna del Inpec comenzó tras el escándalo, pero la Procuraduría intervino para evitar procesos simultáneos por los mismos hechos. El procurador Gregorio Eljach confirmó que las sanciones podrían incluir inhabilidad para ejercer cargos públicos si se demuestran responsabilidades. Paralelamente, la Fiscalía avanza en indagaciones penales y prevé tomar declaración al cantante Nelson Velásquez.
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Los motivos de la Procuraduría al asumir la investigación incluyen el “impacto social y la especial connotación ante la opinión pública con alcance nacional”, de acuerdo con la resolución oficial divulgada por el diario nacional.
Reacciones y medidas tras la fiesta en la cárcel de máxima seguridad
El caso impactó los procesos de paz urbana. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, suspendió temporalmente la mesa de diálogos sociojurídicos que funcionaba en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí con líderes delincuenciales del Valle de Aburrá, decisión adoptada después de conocerse el escándalo.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de internos y funcionarios implicados, medida que gestionan la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Inpec. Algunos internos podrían ser enviados a la cárcel La Picota de Bogotá, mientras continúa la individualización de responsables.
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Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación a la senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa de paz urbana, para esclarecer su participación o posible omisión en la organización de la fiesta. El propósito es determinar si existió intervención directa o autorización indebida.
La investigación de la Procuraduría General de la Nación se centra en las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios del Inpec, sobre todo en lo relacionado con el ingreso irregular de personas externas y la organización del evento en una zona de alta seguridad.
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