La cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, se ha convertido en el centro de una investigación de gran alcance, luego de que autoridades detectaran la construcción encubierta de apartamentos de lujo y una capilla privada dentro del recinto, sin permisos ni autorizaciones formales.
El hallazgo, detallado por un informe judicial del Instituo Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) revela la existencia de reformas estructurales irregulares que no solo contravienen las normas penitenciarias, sino que plantean graves riesgos para la seguridad interna, de acuerdo con el informe entregado por Noticias RCN.
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La gravedad de la situación aumenta al conocerse que, aunque el registro fotográfico de las obras se realizó el 15 de diciembre de 2025, la suspensión formal de los trabajos no ocurrió hasta el 9 de enero de 2026. Este desfase temporal de casi un mes expone interrogantes sobre la vigilancia y los mecanismos de control dentro de una de las cárceles más resguardadas del país.
Durante el procedimiento, los funcionarios documentaron en imágenes la magnitud de las construcciones, corroborando la utilización de materiales como ladrillos, varillas de refuerzo y placas para fundición, de circulación estrictamente prohibida en contextos penitenciarios.
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La presencia documentada de estos elementos en los pabellones se constituye en prueba directa de violaciones a los protocolos establecidos, según quedó consignado en el reporte del instituto que divulgo en medio de comunicación mencionado anteriormente.
En el tercer piso y la terraza del pabellón 5, los inspectores identificaron la adición de dos pisos extra, destinados a alojar habitaciones de lujo y una capilla exclusiva para ciertos internos. Además, se explicó que las “construcciones carecen de cimientos y no cumplen con las condiciones técnicas mínimas, lo que representa un peligro para la población carcelaria”.
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El informe judicial sostiene que el acceso al pabellón permitió evidenciar no solo el avance de la obra, sino la segmentación de espacios con comodidades ajenas al estándar penitenciario. Además de las intervenciones en el sector 5, la inspección se extendió a los patios 1 y 2, donde las autoridades confirmaron la conversión de las celdas tradicionales en verdaderos apartamentos. Estas “suites penitenciarias” poseían instalaciones y acabados propios de sectores residenciales de lujo.
Estas adecuaciones se suman a irregularidades previas, como la reciente celebración de una parranda vallenata que habría costado unos $500 millones, que se realizó también sin autorización, lo que refuerza el patrón de permissividad detectado en el penal.
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La referencia explícita a la inversión y la transformación del espacio carcelario otorga relevancia nacional a la investigación sobre el funcionamiento real de la Cárcel de Itagüí. El documento técnico, además, enfatiza que las estructuras levantadas en los nuevos niveles representan un peligro inminente, no solo por la ausencia de permisos, sino por la precariedad en su diseño y construcción.
Suspensión de obras y medidas de cierre: el Inpec afronta cuestionamientos por el control interno
Tras el hallazgo, las autoridades ordenaron el cierre total de las adecuaciones y prohibieron el ingreso de cualquier visitante a las áreas modificadas sin autorización. No obstante, la magnitud del caso reside en la pregunta que subyace a todo el escándalo: cómo pudieron ingresar toneladas de material de construcción a una cárcel de máxima seguridad y qué instancia interna permitió este nivel de irregularidad. La respuesta deberá ser entregada por la dirección nacional del Inpec, entidad bajo escrutinio ante lo que la concejal Carrasquilla denominó una “arquitectura de la impunidad”.
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Las implicaciones legales y administrativas de estos hechos permanecen abiertas, a la espera de que el Inpec determine responsables y oriente las acciones pertinentes para restaurar los protocolos de seguridad y legalidad en el penal.
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