Ministro de Defensa denunció que cuerpos recuperados en Guaviare tenían explosivos para atacar a la fuerza pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció un presunto intento de atentado contra la fuerza pública tras el hallazgo de cuerpos con artefactos explosivos durante las labores de recuperación de víctimas en Guaviare.

Según el funcionario, algunos de los cadáveres recuperados después de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc habrían sido acondicionados con explosivos para ser detonados durante su traslado.

La denuncia fue realizada por Sánchez durante una visita a Rionegro, Antioquia, donde aseguró que el hallazgo refleja el grado de violencia y desprecio por la vida con el que actúan los grupos armados ilegales que operan en la región.

“En San José del Guaviare se encontró aún más el desprecio por la vida que tienen estos criminales. Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían muy seguramente es que, cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la fuerza pública, los hicieran explotar”, afirmó el ministro.

El hallazgo ocurre en medio de las labores que adelantan las autoridades para determinar el alcance de la masacre registrada en Guaviare, donde desde la noche del 25 de mayo se desarrollan enfrentamientos entre grupos disidentes de las Farc. De manera preliminar, el Gobierno estima que los combates han dejado al menos 48 muertos.

Las operaciones de recuperación e identificación de las víctimas continúan en la zona, mientras las autoridades mantienen abiertas las verificaciones sobre el número total de afectados.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el balance podría aumentar debido a que algunos heridos estarían entregándose a la fuerza pública y a la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades atribuyen la confrontación a disputas entre facciones disidentes de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, dos estructuras que mantienen una fuerte disputa territorial en varias zonas del suroriente colombiano.

Los combates se registraron principalmente en el sector rural de Barranco Colorado, ubicado a más de 100 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare.

Además de establecer el número definitivo de víctimas, el Ministerio de Defensa adelanta verificaciones para determinar si entre los fallecidos hay menores de edad que habrían sido reclutados por los grupos armados ilegales.

La eventual presencia de niños o adolescentes entre las víctimas podría tener implicaciones jurídicas adicionales y abrir la puerta a denuncias por presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Pedro Sánchez reiteró la gravedad del hallazgo de los explosivos durante una intervención en Rionegro. Allí insistió en que los responsables habrían intentado convertir los cuerpos de los fallecidos en una trampa mortal para las autoridades encargadas de su recuperación.

“Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían, muy seguramente, es que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la fuerza pública, los hicieran explotar. Estos criminales solamente piensan en asesinarlos”, señaló el ministro.

Según informó Blu Radio, los restos recuperados serán trasladados a Villavicencio y Bogotá para adelantar procesos de identificación e inspecciones forenses que permitan establecer plenamente la identidad de las víctimas y las circunstancias de su muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno también analiza las causas que habrían facilitado el desarrollo de la confrontación armada. Sánchez sostuvo que los hechos pudieron estar relacionados con las asonadas registradas días antes contra la fuerza pública en la misma zona del departamento.

De acuerdo con el funcionario, esas acciones limitaron la capacidad operativa de las autoridades y redujeron la presencia estatal en sectores donde posteriormente se produjo la confrontación entre las estructuras ilegales.

“Las asonadas le abrieron espacio a los criminales”, afirmó el ministro durante una declaración desde Cali. En esa intervención hizo un llamado a las comunidades para respaldar las labores de las fuerzas militares y evitar acciones que interfieran con los operativos de seguridad.

Sánchez aseguró que algunas de las protestas habrían sido instrumentalizadas por organizaciones criminales con el objetivo de restringir la movilidad y la capacidad de reacción de las autoridades en el territorio.

Según su versión, esa situación pudo influir en la imposibilidad de anticipar o contener los hechos violentos que terminaron desencadenando la masacre.

“Al interrumpir la misión constitucional de la fuerza pública le abrieron espacio a estos criminales y muy seguramente algo tuvo que influir estas asonadas para que ocurriera esa tragedia”, sostuvo.

Por ahora, las operaciones de verificación continúan en Guaviare mientras las autoridades buscan establecer el balance definitivo de víctimas, identificar plenamente a los fallecidos y determinar las responsabilidades detrás de uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en esa región del país.