Corte Suprema de Guatemala anuló órdenes de captura contra el exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo

La Corte Suprema de Guatemala, en decisión que se conoció el lunes 13 de abril de 2026, anuló las órdenes de captura vigentes desde mayo de 2023 contra Iván Velásquez, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras considerar que la sala de apelaciones que las emitió actuó fuera de sus funciones.

El fallo, según reportes periodísticos, revocó la acusación por presuntos sobornos vinculados a la multinacional brasileña Odebrecht y representó, en ese orden de ideas, el primer reconocimiento formal de irregularidades en los procesos penales abiertos contra exfiscales anticorrupción forzados al exilio; en este caso, Velásquez y Camargo, que integraron dicha comisión en el país centroamericano.

“A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal General Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”, fue la reacción de Velásquez, exministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, que en la actualidad oficia como embajador del Gobierno de Colombia en el Vaticano, que recibió con beneplácito esta determinación y lanzó duros dardos contra Porras.

El tribunal concluyó que las órdenes de captura dictadas fueron “ilegales”, porque la Sala Tercera debía resolver únicamente si la jueza de primera instancia continuaba al frente del caso. En cambio, según la resolución, giró órdenes de detención contra acusados que no estaban sujetos a tales medidas y declaró como “rebeldes” a quienes ya arrastraban causas previas, como ocurrió en este expediente.

Otro efecto inmediato es que la decisión también retira la calificación de rebeldes a figuras como Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, que fueron procesados en investigaciones relacionadas con sobornos de Odebrecht. En ese sentido, la decisión de la Corte Suprema favorece a exfuncionarios clave en las pesquisas anticorrupción, pero las órdenes de captura de otros tribunales continúan vigentes.

La medida, sin embargo, les permite acceder a una defensa judicial que hasta ahora no había estado disponible para quienes estaban catalogados como rebeldes. Según el referido medio, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Sandoval, resaltó el carácter inédito de la resolución. “De repente da la impresión de que algo puede cambiar en el sistema de justicia guatemalteco”, dijo.

El pronunciamiento de la Corte Suprema surge en la antesala del relevo de la fiscal general Porras, sancionada por más de 40 países y acusada de corrupción. Porras, que lideró el desmontaje de la Cicig y consolidó la persecución judicial contra numerosos fiscales y operadores de justicia desde 2018, busca la reelección pese al rechazo que causa su aspiración, incluso del presidente Bernardo Arévalo.

Los procesos que lideró Iván Velásquez como presidente de la Cicig

Durante su gestión al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2019 y bajo el mandato de la ONU, Velásquez, que fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema, lideró investigaciones que destaparon complejas redes de corrupción en los niveles más altos del poder político guatemalteco. Lo que causó, según él, represalias en su contra.

Uno de sus principales logros fue el caso La Línea, que derivó en la renuncia y el arresto del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015, acusados de integrar una red de defraudación aduanera. A su vez, sus investigaciones también alcanzaron al sucesor, Jimmy Morales, lo que llevó al gobierno a prohibirle el reingreso al país en 2018 y a la finalización del mandato de la Cicig.

Por su parte, Camargo tuvo un rol clave en la comisión, entre 2014 y 2017, cuando se encargó de la arquitectura jurídica que permitió desmantelar redes de corrupción de alto nivel. Como jefa de Investigación y Litigio, la hoy titular de la Fiscalía en Colombia dirigió el área responsable de estructurar los expedientes judiciales y presentarlos ante los tribunales de Guatemala.

De la misma manera, se consolidó como una de las colaboradoras más cercanas del entonces comisionado Velásquez, al aportar su experiencia en la Corte Suprema, en donde ambos trabajaron de la mano. Además, participó en el diseño de protocolos y metodologías de investigación criminal orientados a combatir estructuras paralelas de poder y lavado de activos.