Ya hay fecha para la imputación de cargos contra Ricardo Roa por violación de topes de la campaña Petro

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao formalizó para el 8 de mayo a las 12:00p.m. la audiencia en donde la Fiscalía General de la Nación buscará imputar cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su presunta implicación en la violación de los topes de gastos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La audiencia ha sido reprogramada tras dos intentos previos que no lograron avanzar por motivos procesales, en un proceso que expone a Roa a posibles sanciones judiciales y administrativas de gran alcance para la dirección actual de la petrolera estatal.

Este será el tercer intento del ente acusatorio por formalizar la audiencia de imputación de cargos contra Roa.

El primer aplazamiento ocurrió el 12 de marzo a petición del mismo Roa, quien solicitó más tiempo para la preparación de su defensa. El segundo, el 8 de abril, fue resultado de la incomparecencia de su abogado.

El organismo acusador ha insistido en que no habrá más dilaciones, tras la decisión del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de fijar la cita para la fecha mencionada inicialmente.

Durante esta etapa procesal, la fecha coincide con el periodo de vacaciones y licencia no remunerada de Roa, autorizado por la Junta Directiva de Ecopetrol, vigente desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo, seguido de una licencia adicional de 30 días calendario. En este intervalo, la presidencia encargada de la compañía estará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.

Detalles de la investigación contra Ricardo Roa

Este proceso penal tiene su origen en la compulsa de copias que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió a la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2025 y que determinó la apertura del caso contra el entonces gerente de campaña de Gustavo Petro, entonces candidato presidencial de 2022.

De acuerdo con al investigación del ente acusatorio, Roa habría sido el encargado de autorizar gastos, suscribir contratos y avalar operaciones contables, funciones clave en la administración de los fondos de campaña política.

En la resolución del CNE, la campaña Petro Presidente fue sancionada por superar los límites legales de financiamiento y por recibir fondos prohibidos, determinando que el exceso respecto al tope permitido superó los 5.300 millones de pesos.

De ese monto, 3.700 millones de pesos correspondieron a gastos omitidos en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda, conforme a la documentación oficial.

La entidad electoral estableció que la campaña presidencial utilizó fuentes de financiación prohibidas, incluyendo aportes de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y pagos coordinados por Ingenial Media SAS destinados a testigos electorales.

Esta omisión de ingresos y gastos también abarcó contribuciones del sindicato de maestros Fecode, la Unión Patriótica (UP) y contratos de publicidad con Caracol TV, informó la entidad.

El CNE impuso multas específicas no solo a Roa, en calidad de gerente de campaña, sino también a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto Caro (auditora interna), mientras que el partido Colombia Humana, fundado por el presidente Petro, aceptó los cargos y asumió una multa de 1.000 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que las pruebas recabadas tras la compulsa de copias del CNE son “contundentes”, fundamentándose en documentos, soportes contables y evidencias recolectadas principalmente por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.

Tráfico de influencias

Además de la investigación por los topes de campaña, el presidente de Ecopetrol enfrenta cargos adicionales por presunto tráfico de influencias de servidor público.

El 11 de marzo, una fiscal de la Unidad contra la Corrupción imputó estos cargos en audiencia virtual ante un juez de Bogotá. Según expuso la fiscal delegada, Roa, en su calidad de máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial Ecopetrol, habría utilizado su cargo entre agosto de 2024 y enero de 2025 para favorecer intereses particulares.

El Ministerio Público lo señala de haber instruido al presidente de la filial Hocol, Luis Enrique Rojas, para beneficiar a Juan Guillermo Mancera —propietario de la empresa Gaxi ESP SAS— en la adjudicación del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena.

El expediente consigna que estas instrucciones indebidas ocurrieron en varias reuniones, incluyendo una celebrada el 20 de agosto de 2004 posteriormente a una sesión de la junta directiva de Hocol y un almuerzo en el restaurante Flora en Bogotá, tal como se relata en la documentación citada por La FM.

Ecopetrol, grupo empresarial integrado por 21 compañías subordinadas, empresas filiales y subsidiarias, ha quedado bajo escrutinio por las decisiones de su máximo ejecutivo. Roa formó parte de la junta directiva de varias de estas compañías, siendo presidente de Hocol hasta el 24 de septiembre de 2025.