El encargado de la remodelación del penthouse 901, ocupado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, Johny Alejandro Giraldo Montoya, delegó su defensa a un apoderado en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía contra Roa.
En un comunicado que fue difundido en horas de la mañana del 25 de marzo de 2026, así se confirmó la decisión, que fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación:
“Confiero poder especial, amplio y suficiente como abogado titular al Dr. Luis Gustavo Moreno Rivera (…) para que, en mi nombre y representación, ejerza la defensa de mis derechos e interés dentro del proceso del radicado de la referencia y obre como mi apoderado para todos los efectos en los hechos que guardan relación con Ricardo Roa y la venta del apartamento”, manifestó Giraldo Montoya.
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El documento, dirigido específicamente a la Fiscalía 45 Especializada contra la Corrupción Región Cuatro, establece que el nuevo apoderado cuenta con autorización para llevar adelante procesos como “recibir, sustituir, reasumir, solicitar copias, presentar derechos de petición, solicitudes de información, requerimientos y demás”, en palabras del mismo Giraldo Montoya.
La comunicación precisa que Luis Gustavo Moreno Rivera podrá actuar con plenitud de poderes conforme al Código de Procedimiento Penal y el artículo 77 del Código General del Proceso.
Para garantizar la localización y notificación efectiva, Giraldo Montoya incluyó el domicilio laboral en Bogotá D.C. y la dirección electrónica de su representante.
Fiscalía imputó a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento de lujo
El presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Ricardo Roa, enfrenta una acusación de presunto tráfico de influencias por parte de la Fiscalía General de la Nación tras la compra de un apartamento de lujo en el barrio Chicó, una de las zonas más exclusivas de Bogotá.
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El proceso judicial, que amenaza con repercusiones políticas de largo alcance, sostiene que Roa habría ofrecido beneficios laborales en la petrolera estatal a cambio de ventajas en la negociación del inmueble, lo que agrava la presión sobre la gestión y la imagen pública de Ecopetrol.
En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía, a través de la Dirección contra la Corrupción, presentó pruebas que relacionan directamente a Roa con la adjudicación de un contrato a Juan Guillermo Mancera, policía retirado y vendedor del inmueble, por parte de una filial de Ecopetrol tras la compraventa.
Un dato central de la investigación, puesto de relieve en la exposición del fiscal delegado contra el crimen organizado, es la existencia de una diferencia de $927 millones en el precio de compra del apartamento, cifra que concentra el foco en posibles irregularidades financieras dentro de la operación inmobiliaria.
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La etapa actual del proceso judicial se centra en determinar si la actuación de Roa constituyó un acto de corrupción o si se trata, como afirma la defensa, de una operación inmobiliaria sin ilicitud. La Fiscalía sostiene que Roa utilizó su posición jerárquica al ofrecer convenios vinculados con filiales de Ecopetrol al vendedor y que esa interacción derivó, posteriormente, en la contratación del exuniformado en la empresa estatal.
Este hecho se inscribe en una amplia serie de investigaciones abiertas sobre presunta corrupción y asignación de contratos en empresas públicas, lo que ha incrementado el escrutinio sobre la administración de Ecopetrol bajo el liderazgo de Roa.
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La Fiscalía expuso ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá que el contrato otorgado a Mancera por Ecopetrol, a través de su filial Hocol, solo se formalizó después de la transacción inmobiliaria con Roa. Según la investigación revelada por Infobae, este nexo temporal refuerza la hipótesis de un posible tráfico de influencias, más allá de la mera adquisición patrimonial.
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