Quien quiera visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá —uno de los atractivos turísticos más reconocidos de Colombia— no puede simplemente comprar una boleta para entrar.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la empresa que administra ese complejo obliga a los visitantes a adquirir un paquete que incluye varios servicios extra, sin importar si los quieren o no. Eso, para las autoridades de competencia, podría ser ilegal.
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La SIC anunció este 17 de marzo de 2026 que abrió una investigación administrativa contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal de Zipaquirá por una conducta que en el derecho de la competencia se conoce como “venta atada”.
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En términos simples, es como si una tienda solo le vendiera pan en bolsa si usted también compra mantequilla, mermelada y jugo, aunque usted solo quería el pan. A eso se refiere el término que utiliza la Superintendencia.
Los tiquetes de ingreso a la Catedral se comercializan bajo la figura de “pasaportes”, que son paquetes que incluyen, de manera obligatoria, una serie de servicios adicionales al simple ingreso al templo.
Según la SIC, entre esos servicios están: visitas guiadas dentro de la Catedral, acceso a internet, entrada a la Casa Museo Quevedo Zornoza, entrada al Museo Arqueológico de Zipaquirá y transporte en el tren de salida.
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El problema no es que esos servicios existan. El problema, según la entidad, es que no hay forma de comprar solo la entrada. El visitante está obligado a llevarse el paquete completo, aunque no tenga ningún interés en el museo arqueológico o en el internet. Eso, según la SIC, le quita libertad de elección al consumidor y le hace pagar por cosas que no necesariamente quiere.
El dato que más pesa en la investigación
Dentro de las pruebas recopiladas durante la etapa preliminar de la actuación, la SIC encontró un dato que refuerza su hipótesis: aproximadamente solo el 50% de los turistas que adquieren esos pasaportes termina usando efectivamente los servicios adicionales incluidos. Es decir, uno de cada dos visitantes paga por servicios que no aprovecha.
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Para la entidad, esa cifra es una señal clara de que dichos servicios no son indispensables para visitar la Catedral y que su inclusión obligatoria en el precio no responde a una necesidad real del turista, sino a una decisión comercial del operador que podría estar distorsionando la libre competencia y afectando el bolsillo de los consumidores.
La investigación está en curso. Durante esta etapa, la SIC ya realizó visitas administrativas al complejo, formuló requerimientos de información a la empresa investigada y tomó declaraciones de posibles implicados. La empresa tiene derecho a presentar sus descargos, solicitar pruebas y ofrecer garantías si lo considera pertinente. Por ahora, no hay sanción ni decisión en firme ya que se trata de una investigación, no de una condena.
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El contexto que le da peso al caso
La SIC enmarca esta actuación dentro de un escenario de crecimiento sostenido del turismo en Colombia. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, lo que lo posicionó entre los 20 destinos más dinámicos del mundo. En ese contexto, la entidad señala que proteger al turista —nacional y extranjero— de prácticas comerciales que limiten su libertad de elección es parte de su mandato institucional.
La Catedral de Sal de Zipaquirá es uno de los destinos más visitados del país por su valor cultural, histórico, religioso y turístico. Precisamente esa posición de reconocimiento es la que, según la SIC, habría permitido al operador implementar un esquema de comercialización que los consumidores difícilmente pueden esquivar: si quieren entrar, no tienen más opción que aceptar el paquete completo.
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