Los últimos ajustes fiscales hechos por el Gobierno Petro dentro de la emergencia económica para contrarrestar los efectos de la ola invernal en ocho departamentos redefinieron el panorama tributario de las principales empresas y sectores económicos de Colombia, con un impacto que podría superar los $10 billones anuales.
Las nuevas medidas, adoptadas ante el rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, afectan de forma directa a conglomerados empresariales, universidades y compañías de sectores estratégicos, lo que transforma la carga fiscal y modifica las reglas para la inversión y la operatividad nacional.
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El Ejecutivo recurrió a una serie de decretos y ajustes regulatorios que elevaron los costos tributarios y exigen nuevas obligaciones. Entre estos, se incrementó la retención en la fuente, introduce un nuevo impuesto al patrimonio e impone mayor presión sobre la liquidez empresarial.
Impacto de los nuevos impuestos en las empresas colombianas
Un análisis de El Colombiano revela que, durante 2025, 14 de las mayores empresas de Antioquia hicieron pagos efectivos por impuestos que en conjunto sumaron $6,83 billones. Entre los grupos más afectados destacan:
- Grupo Sura: $1,84 billones.
- Grupo Nutresa: $607.982 millones.
- Mineros: $287.227 millones.
- Grupo Cibest (matriz de Bancolombia): $2,88 billones.
- Grupo Argos: $603.374 millones.
- Almacenes Éxito: $525.938 millones.
Además de estos pagos, las nuevas normas incluyeron un impuesto al patrimonio con tarifas diferenciadas:
- Ecopetrol: con un patrimonio contable de $83,6 billones en 2024, será la compañía que más tribute por concepto de patrimonio, con cerca de $1,3 billones.
- Empresas Públicas de Medellín (EPM): deberá afrontar un pago de $162.000 millones.
- Reficar: tendrá que desembolsar $137.500 millones,
- Grupo Aval e ISA: verán gravámenes ajustados a su sector, del 1,6% para actividades financieras y minero-energéticas, y del 0,5% para el resto.
Dentro de los patrimonios más altos figuran, además, el Grupo Energía de Bogotá, Grupo Bicentenario y Cenit Transporte. El impuesto al patrimonio aplica a los que superan los 200.000 unidades de valor tributario (UVT), cerca de $10.400 millones, en patrimonio líquido, lo que fija pagos de hasta $287.499 millones para el Grupo Aval.
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La suma de estas nuevas obligaciones modifica la estructura financiera de las organizaciones e impacta sus decisiones de inversión.
Ajustes regulatorios en Colombia
Luego del fracaso de la ley de financiamiento, el Gobierno desplegó varios decretos clave. El Decreto 175 de 2025 impuso un IVA del 19% a los juegos de azar en línea, tanto dentro del país como desde el exterior. También fijó un impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón en la región del Catatumbo.
El Decreto 572 de 2025 aumentó las tarifas de retención en la fuente en distintos sectores económicos. El tributarista Julio César Leal explicó al medio que el incremento obliga a las empresas a anticipar fondos al fisco, lo que reduce la liquidez y genera saldos a favor que solo se pueden recuperar luego de declarar y solicitar la devolución, proceso que puede tomar más de 50 días.
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Otros decretos profundizaron los cambios:
- Decreto 0763 de 2024 y Decreto 1428 de 2025: eliminaron subsidios a la gasolina y ACPM, aumentando los costos de transporte y distribución, situación que afectó a la industria.
- Decreto Legislativo 1474 de 2025: aunque suspendido, planeaba establecer un IVA del 19% para licores, vinos y aperitivos y bajar el umbral de importaciones que pagan IVA, de USD200 a USD50.
- Decreto 0044: establecerá una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de 2025 para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También se incluye una obligación para las generadoras hidráulicas de entregar un 12% de la energía vendida en el mercado mayorista como contraprestación tributaria.
- Decreto 0173 de 2026: crea un impuesto adicional del 0,5% sobre patrimonios líquidos mayores a 200.000 UVT.

Qué dicen los expertos sobre la nueva carga fiscal
Al respecto, el director de la Iberoamericana de Nacionalidades, Andrés Chamás, resaltó a El Colombiano que el impacto real para las empresas colombianas no deriva solo de tributos directos, sino de la eliminación de deducciones, nuevas cargas sectoriales y mayores costos regulatorios. Afirmó que el efecto podría oscilar entre $5 billones y $10 billones anuales adicionales según el sector, lo que afecta la estructura de costos y las decisiones de inversión.
Leal sostiene que el alza en la retención en la fuente posterga la disponibilidad de recursos para el funcionamiento empresarial, prolongando los procesos requeridos para recuperar saldos fiscales.
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Por su parte, el economista de la Universidad de los Andes Germán Machado dijo a La República que el impuesto al patrimonio es perjudicial para la inversión y el crecimiento económico. Señaló que la figura “no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo en Suiza, donde la tarifa es 20 veces más baja que la impuesta en Colombia”. Machado insistió en que las compañías enfrentarán un fuerte golpe en su flujo de caja y en la planeación financiera y que trasladarán parte de estos costos a sus compradores.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, también alertó sobre la tendencia de algunas empresas a trasladar producción fuera del país debido a la carga impositiva, especialmente cuando no es posible transferir todos los costos al consumidor final.
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