Video de joven a quien la Policía le quitó su carreta de frutas se hizo viral: “Eso no se le hace a los trabajadores”

El retiro de una carreta de frutas a un joven vendedor ambulante en Medellín ha provocado indignación en redes sociales.

En el video, el joven aparece llorando mientras funcionarios de espacio público, junto con la Policía, ejecutan el procedimiento. La escena ha puesto en el centro del debate la situación de quienes dependen de la venta informal para sobrevivir.La persona que registró el momento expresó: “buena, eso no se le hace a los trabajadores, pa”.

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El incidente ocurrió en una zona concurrida de la ciudad, donde la presencia de autoridades generó la atención de transeúntes y testigos. Muchos usuarios en internet han manifestado su descontento, exigiendo que se revisen los métodos con los que se llevan a cabo estos operativos.

La reacción ciudadana ha sido inmediata: han cuestionado la efectividad y humanidad de las acciones implementadas para recuperar el espacio público. Mientras tanto, las autoridades defienden estos controles como parte de un plan para mejorar la movilidad y el orden urbano.

Y es que el video provocó una oleada de reacciones de indignación en redes sociales. Los usuarios expresaron frustración y crítica tanto hacia la actuación oficial como al trasfondo social que la rodea. “Pero si los ven delinquiendo no hacen nada que vaina así es la ley”, reclamó un internauta, reflejando el sentimiento de desamparo entre quienes dependen del trabajo informal.

Las ventas ambulantes constituyen el sustento de numerosas familias en la ciudad. Aunque las autoridades implementan políticas para regular esta actividad, el conflicto entre el derecho al trabajo y el ordenamiento del espacio público sigue siendo motivo de debate.

“Eso no se le hace a los que están trabajando para buscar el pan de cada día con tanto delincuente en la calle”, escribió otra persona, subrayando la percepción de desigualdad en la aplicación de la ley.

La regulación de las ventas informales en Colombia se da en la Política Pública de Vendedores Informales, adoptada mediante el Decreto 801 de 2022. Esta normativa prioriza la caracterización y reubicación de los vendedores, permitiendo la utilización de espacios públicos solo bajo autorización. A través de programas de formalización, así se busca equilibrar el acceso al trabajo con el uso ordenado de las calles y plazas.

En Medellín, cerca del 40% de los trabajadores se dedican a la venta ambulante, especialmente en el centro y áreas turísticas. Aunque la legislación reconoce el trabajo informal como medio de subsistencia, el uso de la vía pública está condicionado por reglamentos que buscan prevenir el caos y fomentar la convivencia entre ciudadanos y comerciantes.

Muchos consideran que las medidas restrictivas no abordan las causas profundas del fenómeno. “La derecha mafiosa Antioqueña persigue al pobre para darle al rico”, denunció un usuario, mientras que otros cuestionaron el costo social de desalojar a quienes buscan subsistir con su trabajo diario. “Quién los entiende... Trabajar honradamente es malo??”, fue otra de las preguntas planteadas en las plataformas digitales.

Un reclamo común es que la respuesta oficial debería enfocarse en soluciones integrales y no en la eliminación de la fuente de ingresos de los vendedores. “Injusticia total, deberían darle otra oportunidad y una solución, no quitarle su herramienta de trabajo”, sostuvo una voz en redes. A esto se suma la preocupación por las consecuencias sociales de tales intervenciones: “En el acto crean un delincuente con mucho rencor y odio, muchas familias dependen de los trabajos informales”.

La Corte Constitucional, en 2024, recordó que la prohibición del uso del espacio público no es absoluta. El alto tribunal estudió el caso de una mujer de 72 años que fue desalojada de un predio policivo en Cali, donde había trabajado como vendedora informal por más de tres décadas. La mujer argumentó que la medida le arrebató la posibilidad de mantener su sustento.

Este pronunciamiento de la Corte refuerza la idea de que la protección del espacio público debe considerar los derechos de quienes dependen del comercio informal para sobrevivir. La complejidad del problema exige respuestas que reconozcan tanto la necesidad de orden como la urgencia de preservar el acceso a medios de vida dignos para miles de familias.

En Medellín, la tensión entre la regulación y la realidad social de la venta ambulante persiste. Las voces ciudadanas reclaman alternativas que no criminalicen la informalidad y permitan una convivencia más equitativa en el espacio público.