El testimonio reciente del exgerente de los Bomberos de Itagüí Misael Cadavid ha implicado directamente al exalcalde de Medellín Daniel Quintero en un caso de presunta corrupción que involucra contratos públicos por cerca de 18.000 millones de pesos en el Valle de Aburrá.
Según información conocida por El Colombiano, Cadavid declaró ante la justicia que estos contratos habrían sido una herramienta de apoyo político y reparto de comisiones, afectando seriamente la imagen de la administración.
El testimonio de Cadavid es relevante porque señala cómo el exalcalde Quintero y personas de su círculo familiar y político habrían autorizado y ejecutado contratos públicos de manera presuntamente irregular.
Este relato establece un posible vínculo directo entre Quintero y estructuras encargadas de adjudicar contratos a cambio de favores políticos y comisiones, respaldado por detalles y evidencias presentadas en el proceso penal.
Hasta hora, el proceso penal examina seis contratos firmados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el cuerpo de Bomberos de Itagüí entre septiembre de 2021 y octubre de 2022.
Estas adjudicaciones suman casi 18.000 millones de pesos y la Fiscalía argumenta que no hubo licitación pública, favoreciendo a Cadavid, quien presuntamente destinó parte de los recursos para financiar su campaña política a la Cámara de Representantes en 2022.
Entre los investigados se encuentran Miguel Quintero —hermano del exalcalde—, Juan David Palacio (exdirector del Amva), Elkin González y María Yaneth Rúa, además de otros exfuncionarios.
Los cargos incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y, en algunos casos, falsedad en documento privado. Cadavid y Rúa fueron capturados en octubre de 2023 y, posteriormente, Cadavid quedó en libertad tras acoger un principio de oportunidad que permitió ampliar la investigación.
Contratos cuestionados y avance del proceso penal
La colaboración de Cadavid permitió a la Fiscalía imputar en enero nuevos cargos a Palacio, así como a otras exfuncionarias del área ambiental. Parte de la acusación contempla la supuesta falsedad en documentos privados por parte de algunos implicados.
Por su parte, un juez de control de garantías rechazó trasladar a Palacio a centro carcelario y queda pendiente una decisión sobre las medidas judiciales futuras. La Fiscalía también analiza si los aportes de Rúa y González contienen pruebas diferentes y valiosas frente a las ya presentadas por Cadavid y por la primera testigo, quien implicó a Miguel Quintero y otros funcionarios en contratos por 18.000 millones de pesos relacionados con la operación del Parque de las Aguas.
Las evidencias reunidas indican que existía un esquema para direccionar contratos públicos mediante la omisión de procesos de licitación. Testimonios reseñados por El Colombiano apuntan a que una comisión del 20% por cada contrato se repartiría entre Miguel Quintero y otros actores dentro del Amva y Metroparques.
Entre las pruebas presentadas por testigos figuran mensajes, chats y fotografías con bienes de lujo cuya adquisición, según la Fiscalía, se habría financiado con los recursos provenientes de este entramado.
El exalcalde Daniel Quintero es señalado porque, como presidente de la Junta del Amva, propuso a Palacio como director, presuntamente facilitando la influencia de Miguel Quintero en la entidad. La vinculación entre los protagonistas se remonta a la labor de Palacio como asistente de Miguel Quintero en el Concejo de Medellín años antes del caso investigado.
Este expediente no es el único que pesa sobre el exalcalde. Daniel Quintero afronta otro proceso judicial conocido como el caso “Aguas Vivas”, en el que se investiga un intento de favorecer a particulares con recursos públicos mediante operaciones administrativas irregulares desde el gobierno del distrito.
Otras versiones judiciales mencionan la posible expansión de este modelo de adjudicación a dependencias como el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), donde el nombre de Miguel Quintero vuelve a aparecer en un rol de influencia directa.
La dimensión de la investigación y la cantidad de implicados sugieren una red de alianzas políticas y familiares que, de comprobarse, podría impactar la credibilidad institucional de Medellín y el Valle de Aburrá. La próxima audiencia, programada para este jueves 23 de abril, será un momento clave para las determinaciones judiciales y para el futuro del caso.
Para los investigadores, la actuación coordinada de funcionarios y la relación entre los líderes políticos han sido elementos determinantes en la ejecución de los contratos y la distribución de comisiones.
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