La alta consejera para la Paz, Jennifer del Toro, afirmó que el proceso de diálogo en el Magdalena no solo fracasó, sino que permitió el fortalecimiento de grupos armados ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Lejos de entregar resultados, la estrategia estatal derivó en una consolidación territorial de organizaciones como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), que ahora ejercen el control social y económico en amplias zonas urbanas y rurales del departamento.
El diagnóstico oficial revela que el tiempo destinado a las negociaciones se agotó sin avances concretos y dejó al país ante un conflicto más complejo. La funcionaria advirtió que la región enfrenta una herencia de violencia renovada, al tiempo que las estructuras ilegales ampliaron su presencia en sectores clave de la Sierra Nevada y su área de influencia.
Un “paraestado” que redefine la cotidianidad en la Sierra Nevada
Del Toro detalló que las estructuras ilegales no solo evitaron la desmovilización, sino que se consolidaron como autoridades de facto, imponiendo una ley paralela que regula desde la economía hasta la vida diaria de la población. Comerciantes, transportadores y pequeños negocios deben pagar cuotas extorsivas para poder operar, bajo un sistema que muchos denominan ya un “servicio obligatorio”.
“Es una especie de paraestado que se impuso en la cotidianidad. Son ellos los que exigen, vigilan y controlan. Están reclutando cada vez más jóvenes a la guerra y la violencia está desbordada”, explicó el analista de orden público Juan Ocaña a El Tiempo.
Entre 2022 y abril de 2026, según la plataforma Pdhal con datos de Medicina Legal, se registraron 4.872 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira. Solo Magdalena concentra 2.338 casos, lo que lo convierte en el departamento más impactado.
Fallas estructurales en la política de paz total
La funcionaria identificó tres causas principales para el fracaso de la estrategia de paz en la región. Primero, la ausencia de cronogramas y acuerdos claros: “No se definieron los tiempos ni los compromisos concretos para dejar las armas. Tampoco hubo claridad sobre las penas o mecanismos de justicia”, sostuvo Del Toro.
Segundo, la persistente dilación institucional. Largos periodos sin pronunciamientos de la Oficina del Comisionado de Paz generaron vacíos que los grupos armados aprovecharon para expandirse.
Y tercero, un enfoque centrado solo en beneficios jurídicos: “Lo único concreto fue el reconocimiento de voceros y la suspensión de órdenes de captura y extradición. Pero no hubo mecanismos de verificación ni consecuencias por incumplimientos”, indicó la funcionaria.
El resultado, en palabras de la alta consejera, fue “una especie de teatro de la paz: parecía que se negociaba, pero en realidad no se redujo la violencia ni se desmantelaron las economías ilegales”.
Expansión criminal y beneficios sin control
La decisión estatal de solicitar la suspensión de órdenes de captura para miembros de las estructuras armadas, que buscaba facilitar los diálogos, terminó generando efectos contrarios. El caso de la captura y posterior liberación de alias Cholo, líder máximo de las Acsn, pone en evidencia las limitaciones del modelo.
Informes de la Gobernación del Magdalena advierten que el Clan del Golfo expandió su presencia en el departamento en más de 600% entre 2021 y 2026. Las Acsn ya superan el millar de hombres armados y mantienen el control en extensas zonas de la Sierra.
A cambio de las extorsiones, estos grupos ofrecen “servicios de vigilancia” y resolución de conflictos, sustituyendo funciones básicas del Estado.
Violencia persistente, control social y ausencia estatal
El monitoreo de la Alta Consejería para la Paz documentó al menos 55 pronunciamientos públicos de las Acsn sobre su voluntad de acogerse a la paz total, pero en paralelo se mantuvieron patrones de violencia.
“Hemos documentado extorsión generalizada, despojo de tierras, castigos extrajudiciales, homicidios selectivos y amenazas contra líderes sociales”, aseguró la funcionaria.
Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA han registrado estas dinámicas.
Un conflicto más complejo y una herencia para el próximo gobierno
A pocos meses del relevo presidencial, la situación en Magdalena se perfila como uno de los principales retos para la nueva administración. Para Jennifer del Toro, el país enfrenta una encrucijada. El Estado podría insistir en el sometimiento vía diálogo sociojurídico o apostar por la ofensiva militar, pero ninguna opción ha resultado suficiente por sí sola.
La intensificación de operaciones militares tampoco garantiza resultados si no va acompañada de políticas sociales. “Si no se atienden las causas estructurales —como el reclutamiento, la pobreza y la falta de oportunidades— la respuesta será insuficiente”, advirtió.
El impacto de esta situación trasciende la seguridad. Santa Marta y su proyección turística se ven directamente condicionadas. “Este es un problema que afecta la vida de más de 600.000 samarios. Limita su crecimiento, su sostenibilidad y su posibilidad de convertirse en un destino internacional competitivo”, concluyó la alta consejera.
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