La Arquidiócesis de Bogotá aceptó que sí recibió una denuncia formal por presunto acoso sexual contra el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, pero decidió no avanzar con una investigación dentro de la Iglesia católica.
La explicación quedó consignada en una respuesta oficial enviada a El País América, en la que la institución señaló que no era posible iniciar un proceso canónico porque el entonces cardenal no estaba en condiciones mentales de ejercer su defensa.
La comunicación fue firmada por monseñor Alejandro Díaz García, director de la Oficina para el Buen Trato, dependencia creada para atender este tipo de denuncias.
De acuerdo con la Arquidiócesis, tanto el Tribunal Eclesiástico como la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano llegaron a la misma conclusión: Rubiano “carecía de facultades mentales”, por lo que no podía garantizarse su derecho a responder dentro del proceso.
El religioso murió en 2024, tres años después de que la denuncia fuera presentada formalmente ante la Iglesia católica. La denuncia corresponde al caso de un hombre identificado como Andrés, quien aseguró haber intentado durante años que su testimonio fuera escuchado por distintas autoridades eclesiásticas.
Según relató, el primer intento ocurrió en el año 2000, cuando buscó presentar su caso directamente ante el Vaticano. Sin embargo, afirmó que nunca recibió una respuesta.
El proceso volvió a activarse en 2021, cuando supo de la creación de la Oficina para el Buen Trato en Bogotá, una instancia creada precisamente para recibir denuncias relacionadas con abuso y conductas inapropiadas dentro de la Iglesia.
Además de acudir a esa oficina, Andrés aseguró que también contactó al nuncio apostólico, habló con periodistas y buscó a otros denunciantes, pero ninguna de esas acciones produjo resultados concretos.
Su testimonio forma parte de un informe entregado por El País a la Santa Sede sobre presuntos abusos cometidos por miembros de la Iglesia en América Latina.
Ese documento supera las 100 páginas y reúne 21 relatos que involucran a 24 clérigos y laicos en ocho países del continente. Dentro de ese panorama, Colombia aparece como el país con más señalamientos: ocho testimonios apuntan a 13 sacerdotes y religiosos.
Este es el sexto informe de ese tipo que el medio entrega al Vaticano. Los cinco anteriores fueron sobre España y recopilaron 841 testimonios. En el caso colombiano, la denuncia cobra mayor impacto por tratarse de Pedro Rubiano, considerado durante años como el máximo referente de la jerarquía católica en el país.
Nacido en Cartago, Valle del Cauca, en 1932, fue arzobispo de Bogotá y primado de Colombia entre 1994 y 2010. En 2001 fue elevado a cardenal por el papa Juan Pablo II.
También presidió la Conferencia Episcopal de Colombia en dos periodos y participó en el cónclave que eligió a Benedicto XVI como papa en 2005. Sobre el manejo del caso, la Arquidiócesis explicó que su protocolo contempla tres rutas de actuación.
La primera corresponde al acompañamiento a la presunta víctima, con apoyo psicológico, orientación espiritual, escucha y seguimiento sobre el estado del caso. Según la institución, esa atención sí fue ofrecida.
La segunda ruta es la comunicación con las autoridades civiles. La Iglesia aseguró que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2021. La tercera es la vía canónica, que corresponde a la investigación interna de la Iglesia. Fue en ese punto donde el proceso no avanzó.
La decisión final fue no abrir actuación formal porque, según la explicación entregada, no existían condiciones para garantizar el derecho a la defensa del cardenal.
Eso significó que, aunque la denuncia fue recibida oficialmente hace más de cinco años, no hubo una investigación interna que permitiera establecer responsabilidades o una conclusión de fondo dentro de la estructura eclesiástica.
La respuesta oficial dejó en evidencia que sí existió una denuncia formal y que el trámite dentro de la Iglesia terminó sin un avance sustancial.
El caso volvió a poner atención sobre la forma en que se tramitan este tipo de denuncias cuando involucran a figuras de alto nivel dentro de la Iglesia Católica, especialmente cuando los procesos se prolongan durante años y terminan sin una resolución clara para quienes denuncian.
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