
En medio de la crisis económica causada por las lluvias en el norte de Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro y el sector financiero mantienen negociaciones para definir las medidas necesarias frente a la emergencia. Sobre la mesa están alternativas como inversiones forzosas y nuevos alivios crediticios para recaudar dinero y contrarrestar la situación.
El superintendente Financiero de Colombia, César Ferrari, afirmó a Blu Radio que “la propuesta definitiva deberá estar lista entre el viernes y el lunes siguiente, y el objetivo es consolidar un planteamiento consensuado con el sector antes de adoptar decisiones en el marco de la emergencia”. Resaltó que “la inversión forzosa es uno de varios instrumentos disponibles y que el proceso actual es una obra en construcción”.
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Durante el encuentro de líderes bancarios y representantes del Gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desarrollado el 23 de febrero, se revisaron dos líneas de acción: los alivios para deudores afectados y los nuevos créditos para los sectores productivos perjudicados. Ferrari precisó que la banca entregó una propuesta formal para la condonación de intereses y prórrogas de créditos en las zonas afectadas. Añadió que la Superintendencia evalúa reducir provisiones bancarias vía circular externa, lo que permitiría actuar sin decreto presidencial.

Y es que el presidente Gustavo Petro planteó como posibilidad un impuesto a las ganancias extraordinarias o una sobretasa sobre el sector financiero, aunque Ferrari aclaró que “se trata de un asunto tributario distinto” y que estos temas no fueron discutidos en específico con los bancos en la última reunión.
Respecto al avance del Pacto por el Crédito 1.0, el funcionario informó que hasta el 31 de enero se alcanzó un 89% de la meta, con un acuerdo que tiene una duración de 18 meses y cuya continuidad deberá ajustarse al ciclo gubernamental restante.
Perspectivas del Gobierno y alternativas en evaluación
El Ejecutivo insiste en ampliar el mecanismo de inversiones forzosas para inyectar recursos hacia los sectores más golpeados. La figura obliga a las entidades bancarias a destinar una parte de su cartera hacia finalidades fijadas por el Gobierno, sistema vigente en Colombia desde los años 60.
También se consideran propuestas paralelas el hecho de facilitar créditos de reactivación regional y aplicar alivios directos a quienes sufrieron daños en viviendas y cultivos. Ferrari, según el medio, recordó que la revisión incluye alternativas regulatorias como la reducción de provisiones bancarias, lo que permitiría atender la emergencia sin requerir intervención presidencial. Reiteró que estos mecanismos se analizan de forma separada respecto a la agenda financiera directa con la banca.

Alcance y riesgos de las inversiones forzosas
Expertos del sector advirtieron sobre los posibles riesgos de ampliar las inversiones forzosas. El presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), Hernán Alzate Arias, explicó a La FM que “ampliar las inversiones forzosas distorsiona la asignación del ahorro al imponer demanda por decreto, lo que debilita la formación de precios en el mercado de deuda pública”.
Añadió que “una inversión forzosa implica obligar a las entidades financieras a destinar parte de los depósitos de los ciudadanos a sectores específicos definidos por el Gobierno”. En la actualidad, y según la circular del 21 de enero, existen $18,6 billones canalizados por medio de títulos de desarrollo agropecuario (TDA) destinados a Finagro y el Banco Agrario.
El presidente del AMV advirtió que el esquema significa una “restricción de portafolio” y actúa como un “impuesto regulatorio a la intermediación”, lo que eleva el costo del crédito para el resto de los consumidores. Insistió en que, aunque el mecanismo puede favorecer a un sector puntual, su costo termina recayendo sobre la mayoría, especialmente por tratarse de una transferencia obligatoria del ahorro privado.
En cuanto a la negociación en el mercado secundario, Alzate detalló que los TDA “no son fáciles de liquidar”, tienen un “spread negativo” y no cuentan con la fluidez de otros instrumentos públicos como los títulos de deuda nacional.

Respuesta de los bancos y resultados del pacto por el crédito
Luego del encuentro del 23 de febrero, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, manifestó que “seguimos insistiendo en la inconveniencia de una inversión forzosa. Hoy fue la oportunidad para decirle al ministro y mostrarle con números por qué fue exitoso el pacto por el crédito y cuáles son las limitaciones de un mecanismo como la inversión forzosa”.
Puntualizó que la implementación de una inversión forzosa “es una cosa que toma 18 meses para su implementación y pagar un primer crédito y que además le sube la tasa de interés a todos los departamentos”. Insistió en que el proceso actual no constituye un pulso entre partes, sino un espacio de diálogo permanente.
La banca propuso alternativas dirigidas a soluciones inmediatas y ajustadas a la magnitud de la emergencia, lo que incluye:
- Alivios sobre la cartera activa
- Nuevos créditos productivos.
- Mecanismos para implementar en el corto plazo.
En cuanto al Pacto por el Crédito, Malagón destacó que, entre septiembre de 2024 y comienzos de 2026, los desembolsos acumulados superaron los $214 billones, equivalentes al 84% del objetivo acordado hasta la fecha de la reunión. Los sectores de vivienda e infraestructura cumplieron las metas, mientras que manufactura, agro, turismo y economía popular registraron avances entre el 77% y el 83%.
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