Un grupo de seis exministros de Hacienda encendió el debate económico en Colombia tras publicar una carta abierta en la que cuestionan el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero mediante decretos de emergencia.
Los exfuncionarios, que dirigieron la política fiscal en distintos gobiernos, advirtieron sobre los riesgos de la medida y pidieron que se abra un debate técnico antes de su implementación. El documento, fechado el 18 de febrero de 2026, fue divulgado como una advertencia directa sobre las posibles consecuencias para el crédito, el ahorro y la estabilidad financiera del país.
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La carta fue firmada por Alberto Carrasquilla Barrera, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas Santamaría. En el texto, los firmantes afirmaron: “expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente anuncio del Presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero.
“Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”. La declaración subraya que su pronunciamiento responde a criterios técnicos y no a consideraciones políticas.
Los exministros fueron enfáticos en señalar que el mecanismo propuesto puede generar efectos contrarios a los buscados. Según el documento, “Las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia. Encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.
En su análisis, obligar a los bancos a destinar recursos a sectores definidos por el Gobierno podría restringir el crédito en otras áreas y elevar el costo del dinero para hogares y empresas, en un momento en que la economía aún enfrenta desafíos de recuperación.
La carta también advierte sobre los antecedentes internacionales de este tipo de políticas. Los firmantes recordaron que “la experiencia internacional es contundente, la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas los desmontaron al constatar sus efectos negativos”.
Incluso señalaron que “solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, referentes que difícilmente debería seguir Colombia”. Para los exministros, estos precedentes reflejan los riesgos institucionales y financieros de intervenir el destino del ahorro privado mediante decisiones obligatorias.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la advertencia sobre la responsabilidad que implica manejar el ahorro del público. “Los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos, y una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, no la premura de una emergencia”, indicaron.
Además, propusieron alternativas como garantías estatales, subsidios focalizados y líneas de redescuento. En ese sentido, afirmaron que “Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados”, sin comprometer la estabilidad del sistema financiero ni afectar el acceso general al crédito.
El pronunciamiento se conoce pocos días después de que el Gobierno anunciara la expedición de decretos bajo una emergencia económica para obligar a las entidades financieras a dirigir parte de sus recursos hacia sectores como la agricultura, la vivienda y el turismo.
La medida fue presentada como una respuesta al supuesto incumplimiento del llamado Pacto por el Crédito y busca movilizar decenas de billones de pesos hacia actividades productivas. Sin embargo, la carta de los exministros introduce un nuevo elemento en la discusión pública y anticipa un debate clave sobre el papel del Estado en el sistema financiero colombiano.
Desde el Ejecutivo, el presidente Petro ha defendido la iniciativa como una herramienta para garantizar que el crédito llegue a sectores históricamente excluidos, especialmente en las zonas rurales afectadas por la crisis climática.
El Gobierno ha señalado que estos recursos serían canalizados a través de entidades públicas y mecanismos especiales de financiamiento. No obstante, el pronunciamiento de los exministros marca uno de los cuestionamientos más contundentes desde el ámbito técnico y podría influir en el debate político y económico sobre una de las decisiones más sensibles de la actual administración.
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